Los fundamentos del proyecto, presentado por el diputado Andrés De Leo con el apoyo de sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga, sostienen que el sistema actual ha fallado en su objetivo primordial de reducir la siniestralidad vial, convirtiéndose en una carga económica innecesaria para los ciudadanos.
Según los autores de la propuesta, las estadísticas demuestran que más del 99% de los accidentes de tránsito se originan por errores humanos o por el deterioro crítico de la infraestructura vial, factores que el Estado debería priorizar mediante inversión en rutas y políticas de seguridad efectivas en lugar de mantener un sistema que califican como meramente recaudatorio.
El debate surge en un momento de especial sensibilidad para el bolsillo de los conductores, dado que en 2026 los costos para cumplir con el trámite han sufrido incrementos significativos. Actualmente, el valor para verificar un vehículo particular de hasta 2.500 kilos en la provincia de Buenos Aires asciende a los 97.057,65 pesos, mientras que para el transporte pesado la cifra escala hasta los 174.604 pesos. Esta disparidad de costos se hace aún más evidente al compararla con la Ciudad de Buenos Aires, donde el trámite no solo es más económico, situándose en torno a los 63.453 pesos para autos, sino que también ofrece plazos de gracia más extensos para unidades nuevas, permitiendo la primera verificación recién al cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros.
La iniciativa legislativa también pone el foco en la falta de relación entre lo que se abona por la oblea y el estado real de los caminos bonaerenses, argumentando que la red vial no ha acompañado el crecimiento del parque automotor ni el aumento del transporte de carga tras el declive del sistema ferroviario. Mientras esta discusión avanza en el ámbito político, las autoridades mantienen vigentes controles estrictos, especialmente durante la temporada de verano, con multas que pueden superar el millón de pesos para quienes circulen con la verificación vencida.
Aunque existen exenciones para jubilados con haberes mínimos y personas con discapacidad, el proyecto busca una solución de fondo que elimine el gasto fijo anual para todos los propietarios de vehículos, bajo la premisa de que la revisión técnica obligatoria no representa un beneficio tangible para la seguridad pública en las condiciones actuales.
