El abogado Agustín Tanús argumenta que existen irregularidades graves en la investigación. Según su postura, varias pruebas fundamentales —como videos, pericias mecánicas, mapas del lugar y los resultados de la autopsia— se realizaron o incorporaron al expediente sin respetar las garantías legales. Específicamente, reclaman que no se notificó correctamente a la defensa para participar de las pericias y que el manejo de la evidencia digital (videos) no cumplió con los protocolos requeridos.
Debido a estos planteos, la defensa solicitó que se suspendan los plazos procesales y que se anulen dichas pruebas, considerando que aún falta producir información “decisiva” para el caso.
Por su parte, el fiscal Patricio Múgica Díaz ya había solicitado formalmente que la causa sea elevada a juicio oral bajo la carátula de Homicidio Culposo Doblemente Agravado.
La responsabilidad recae ahora sobre el Juez de Garantías Ricardo Prati. Él será el encargado de analizar los reclamos de la defensa y los pedidos de la fiscalía para decidir si el proceso sigue adelante hacia un juicio o si se deben revisar las pruebas cuestionadas.
