Las declaraciones de las extrabajadoras —que salieron a la luz públicamente a mediados de noviembre tras una publicación periodística que difundió extractos de las testimoniales— reordenaron el expediente y exhiben con claridad cómo funcionaba Laboratorios Ramallo, proveedor del grupo HLB Pharma. Los testimonios de Lucía Soledad Abeijón, checker de calidad, y Bárbara Edith Pennisi, técnica de microbiología, describieron prácticas sistemáticas de manipulación, controles fraguados y presiones para encubrir fallas durante la producción.
Abeijón relató ante el juez federal Ernesto Kreplak que era frecuente encontrar frascos con “partículas, pelos o manchas”, aunque continuaban en circulación rumbo al etiquetado. Indicó que se falsificaban planillas, se aceleraban procedimientos sensibles y se disimulaban fallas para cumplir tiempos previos a auditorías de ANMAT. Según su testimonio, los rechazos eran mal vistos: si descartaban muchos envases, recibían advertencias para “no tirar tanto”. También señaló que los controles de agua y esterilidad se asentaban como si provinieran de distintos puntos, cuando en realidad se tomaba una sola muestra.
La extrabajadora agregó que, durante la inhabilitación temporal de la planta, la instrucción interna era camuflar lotes fabricados fuera del período autorizado y ubicar fechas entre diciembre y enero. En algunos casos, afirmó, se ordenaba liberar productos aun cuando las pruebas eran desfavorables.
Pennisi aportó otro tramo del funcionamiento interno. Explicó que la contrataban “sin firmar nada”, que trabajaba sin insumos mínimos y que los recuentos bacterianos eran manipulados: cuando aparecían valores elevados, debían asentarse cifras menores. También describió cuadernos reescritos, hojas arrancadas, datos inventados y análisis inexistentes cargados en los sistemas. Confirmó, además, la incorporación de lotes anteriores a 2025 para simular continuidad productiva durante la suspensión.
Ambos testimonios coinciden con los chats internos que figuran en el expediente, donde empleados admiten ocultar reactivos vencidos, disimular instalaciones y rehacer documentación frente a auditorías inminentes. Las pericias del Instituto Malbrán detectaron fallas graves en los lotes 31202 y 31244, mientras un informe del Cuerpo Médico Forense vinculó 38 de 40 historias clínicas con infecciones derivadas del producto adulterado.
La causa tiene 14 procesados, incluyendo directivos y responsables de producción y control de calidad. Cuatro continúan detenidos en el penal de Marcos Paz: Ariel García Furfaro, propietario del grupo; Diego García, directivo; Javier Martín Tchukrán, jefe de Manufactura; y José Antonio Maiorano, director técnico a cargo de la producción y liberación de los lotes contaminados.
La madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, cumplen prisión domiciliaria.
Los otros imputados —Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio— fueron procesados sin prisión preventiva como integrantes de la estructura interna de producción y control.
La investigación avanza hacia una etapa decisiva mientras la Cámara Federal define si confirma los cargos por adulteración de medicamentos con resultado de muerte y atentado a la salud pública. Las declaraciones recientes no solo comprometen a la cúpula empresarial, sino que además revelan un funcionamiento sostenido durante años que explica la magnitud del daño sanitario provocado.
