En la geografía política de San Nicolás, los puntos cardinales parecen haber adquirido un significado que trasciende lo cartográfico. Lo que para cualquier ciudadano representa una localidad tranquila del partido, para el trabajador municipal con pensamiento crítico parece haberse convertido –hace tiempo- en un destino de resonancias históricas. Desde el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), adherido a la FESIMUBO, se ha alzado un grito de alerta que pone el foco en la Delegación de Conesa, sugiriendo que el lugar ha dejado de ser un centro de atención al vecino para transformarse en un enclave de “destierro administrativo”.
La denuncia sindical apunta a traslados que califican de arbitrarios, ilegales y, fundamentalmente, disciplinadores. Según el comunicado gremial, empleados de planta permanente que cumplían funciones en áreas estratégicas como el sistema SUBE han sido enviados de forma compulsiva hacia la periferia del partido. El paralelismo surge de manera natural: así como la Isla Martín García funcionó históricamente como el sitio de reclusión para figuras que resultaban “incómodas” al poder central —albergando en su momento a nombres de la talla de Yrigoyen, Perón o Frondizi—, la gestión local parece haber encontrado en la distancia de Conesa una herramienta similar de aislamiento político y laboral.
El “destierro” como método de gestión
El sindicato sostiene que no se trata de una simple optimización de recursos humanos, sino de una lógica de castigo. En los pasillos del palacio municipal se comenta, con un dejo de humor ácido, que recibir un decreto de traslado a la delegación es lo más parecido a una baja deshonrosa sin necesidad de sumario. La analogía con el penal naval del Río de la Plata se vuelve sutilmente evidente: en ambos casos, el objetivo parece ser el mismo: alejar el “problema” del centro de decisiones, esperando que la distancia y las dificultades de logística terminen por desgastar la voluntad del afectado. Este modus operandi no resulta una novedad en el catálogo de gestión local, sino que cuenta con frondosos precedentes y ha sido aplicado con rigor por cada uno de los representantes del clan que ha ocupado el sillón Municipal.
La estrategia, según denuncian los representantes de los trabajadores, vendría acompañada de una oferta de retiros “voluntarios” que de voluntarios tendrían poco, operando más bien como una salida elegante ante un exilio interno que afecta la estabilidad familiar y económica del agente. Mientras la Constitución Nacional habla de la protección integral de la familia y la estabilidad del empleado público, la realidad en las planillas de asistencia de Conesa contaría una historia de presiones unilaterales.
Paradojas de la periferia
Resulta curioso que, mientras se utiliza a la delegación como destino de “persecución ideológica” —en palabras del SUTM—, la comunidad de Conesa siga reclamando servicios básicos esenciales. El sindicato no dejó pasar la oportunidad para señalar la contradicción: se envían trabajadores administrativos a modo de correctivo, pero la sala de salud local carece de médicos las 24 horas y de ambulancias operativas. Pareciera que la delegación es lo suficientemente importante para albergar al personal “rebelde”, pero no tanto como para recibir la inversión en salud que sus habitantes demandan.
El Jefe de Departamento de Conesa queda así en una posición incómoda, operando como el “alcaide” involuntario de una dependencia que, en lugar de jerarquizarse, se utiliza como herramienta de presión gremial. La advertencia del sindicato es clara: la dignidad laboral no se negocia y los derechos conquistados no deberían naufragar en traslados que tienen más de revanchismo que de servicio público. Por ahora, el camino a Conesa sigue siendo, para muchos municipales, el sendero hacia el ostracismo en la versión nicoleña de la histórica isla de los desterrados.
