Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) del Conicet, junto con la Autoridad del Agua (ADA), confirmó la presencia de pesticidas altamente tóxicos y prohibidos en el arroyo Yaguarón, uno de los principales cursos de agua de San Nicolás. Los resultados, publicados el 22 de octubre de 2025, muestran que los compuestos detectados coinciden con los químicos hallados en pozos de extracción utilizados por la empresa Atanor en su planta industrial.
Las muestras fueron tomadas en la zona donde aún se encuentra la planta, próxima a la laguna El Saco, y revelaron la existencia de plaguicidas organoclorados, compuestos que están prohibidos por la legislación vigente debido a su toxicidad y persistencia ambiental.
Los investigadores advirtieron que el arroyo Yaguarón y el acuífero Puelche —del cual la empresa tomaba agua para sus operaciones— mantienen una relación de retroalimentación constante, lo que agrava la situación: en períodos de bajante, el acuífero alimenta el arroyo, y en épocas de creciente, es el río Paraná el que recarga el subsuelo.
La especialista Agostina Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, explicó que “se detectaron agrotóxicos prohibidos hace décadas por su alta peligrosidad para la salud y por su permanencia en el ambiente”, y agregó que los niveles hallados “confirman una contaminación profunda del río Paraná”.
Por su parte, el abogado Fabián Maggi, integrante del Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea), señaló que “aunque la planta de Atanor fue clausurada, los residuos tóxicos que generó la empresa siguen presentes en el ambiente”, y advirtió que tanto el río Paraná como el acuífero Puelche son fuentes de abastecimiento de agua potable para la comunidad.
La clausura de la planta se concretó en julio pasado, luego de que la ADA detectara vertidos clandestinos de efluentes industriales en una zona próxima a la barranca del Paraná. Los análisis revelaron la presencia de metales pesados —como arsénico, plomo y cromo— y de herbicidas prohibidos, entre ellos glifosato, atrazina, metolacloro e incluso clorpirifos, este último expresamente prohibido por orden judicial.
Mientras la empresa anunció que reconvertirá el predio en un centro logístico, las organizaciones ambientalistas insisten en la urgencia de un plan de remediación integral, para sanear el arroyo Yaguarón y el río Paraná y evitar que los contaminantes sigan circulando en el sistema hídrico local.
