En las últimas semanas, la oficina municipal de la tarjeta SUBE se convirtió en el escenario de un creciente malestar social.
Según supo COSA CIERTA, una ola de docentes, estudiantes, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) se acercó a la dependencia para expresar una queja unánime: “Me están cobrando el boleto entero”.
Ante la masividad del reclamo, el personal municipal realizó los controles técnicos correspondientes, verificando que las tarjetas se encuentran habilitadas y en correcto estado.
Sin embargo, al persistir el error en las unidades de transporte, la explicación de los trabajadores fue tajante: “La falla es de la empresa de transporte, no de la tarjeta SUBE”.
Ante la incertidumbre de los usuarios sobre cómo proceder, la instrucción fue directa: “Diríjase a la empresa”.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando una jubilada trasladó su reclamo directamente a la base de la compañía de colectivos.
La insistencia de la mujer provocó el enojo de uno de los propietarios de la firma, quien se comunicó personalmente con la oficina municipal para increpar a un empleado: “¿Por qué los enviaba a la empresa?”. La respuesta del trabajador mantuvo la misma línea técnica: “Porque la falla es de la empresa de ustedes”.
Las consecuencias de este cruce no tardaron en llegar. Al día siguiente, el empleado que confrontó al empresario fue desafectado de su área habitual y trasladado a prestar servicios en una delegación fuera del centro administrativo.
