El proceso judicial por contaminación ambiental en nuestra ciudad sumó un capítulo de enorme trascendencia institucional. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, sostuvo el recurso del Ministerio Público Fiscal contra las absoluciones de los tres productores y aplicadores rurales Fernando Esteban Cortese, Mario Reinerio Roces y Víctor Hugo Tiribó, y solicitó expresamente que sean condenados por el delito de contaminación ambiental.
El planteo quedó formalizado mediante el Dictamen Nº 25.865, fechado el pasado 29 de octubre, presentado ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, Pleé pidió que se revoque la sentencia Nº 50/2026 del Tribunal Federal de Juicio Nº 2 de Rosario, que el 25 de junio había absuelto a los tres acusados por aplicación del beneficio de la duda.
La posición del fiscal general no constituye una simple adhesión formal a la acusación que había sostenido durante el juicio el fiscal Federico Reynares Solari. En una presentación de 34 páginas, Pleé desarrolla los errores jurídicos que, a su entender, contiene el pronunciamiento absolutorio, reconstruye las conductas atribuidas a cada imputado, examina las pruebas incorporadas al debate y fundamenta por qué considera que corresponde dictar una condena directamente en Casación, sin necesidad de realizar un nuevo juicio.
Una absolución que ahora vuelve a quedar bajo revisión
El fallo del tribunal rosarino había generado fuertes cuestionamientos entre las querellantes y la Fiscalía. Los jueces absolvieron a Cortese, Roces y Tiribó, pero simultáneamente condenaron a los exfuncionarios municipales Mario Daniel Tocalini y Guillermo Nicolás Naranjo a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por considerar acreditado el incumplimiento de sus deberes de fiscalización ambiental.
La contradicción señalada por quienes cuestionaron la sentencia radica en que el propio tribunal reconoció la peligrosidad de los productos utilizados, la presencia de plaguicidas en suelos y aguas, los riesgos sanitarios derivados de las aplicaciones próximas a las viviendas y las deficiencias de los controles municipales. También valoró los testimonios de los vecinos, los aportes de especialistas y las pruebas científicas producidas durante el debate.
Sin embargo, consideró que no estaba suficientemente acreditada la responsabilidad penal individual de cada uno de los fumigadores.
Precisamente, ese razonamiento constituye uno de los principales blancos del dictamen de Pleé.
El delito ambiental y una interpretación cuestionada
Uno de los argumentos centrales del fiscal general es que el Tribunal Oral interpretó equivocadamente el Artículo N° 55 de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos. Según sostiene, los jueces exigieron demostrar un resultado concreto de contaminación atribuible causalmente y de manera individual a cada acusado, incorporando requisitos que no forman parte de la figura penal.
Pleé plantea que el delito protege anticipadamente la salud pública y comprende aquellas conductas que, por las condiciones en que se realizan, resultan peligrosas para la salud. Por lo tanto, no considera necesario demostrar que una persona determinada haya contraído una enfermedad, que exista un daño sanitario consumado o que cada molécula detectada en el ambiente provenga exclusivamente de uno de los imputados.
El planteo adquiere particular importancia en investigaciones ambientales donde intervienen distintas fuentes contaminantes y los efectos pueden ser acumulativos. Para el fiscal, la existencia de otros posibles emisores de sustancias químicas no excluye la responsabilidad de quienes hayan realizado conductas peligrosas prohibidas.
También cuestionó que el tribunal utilizara parámetros administrativos de potabilidad del agua para descartar la configuración del delito. La aptitud del agua para consumo humano, argumenta, no determina por sí sola que no haya existido una conducta penalmente relevante de contaminación.
La prueba científica y los testimonios de los vecinos
Otro capítulo sustancial del dictamen está dedicado a las pericias realizadas por el equipo del INTA Balcarce encabezado por la investigadora recientamente cesanteada por el Gobierno Nacional, Virginia Aparicio. Sus estudios detectaron múltiples plaguicidas en los suelos de los establecimientos investigados y en las aguas subterráneas de Pergamino.
Pleé también recuperó un dato que había sido reconocido durante el juicio: después de que la Justicia dispusiera restricciones a las fumigaciones en las proximidades de los barrios, los análisis posteriores registraron una disminución de las sustancias detectadas. Aparicio consideró altamente probable que las medidas cautelares hubieran incidido en esa reducción.
La intervención judicial comenzó en abril de 2019 con restricciones específicas para los establecimientos investigados. Posteriormente, el 30 de agosto de ese año, la Justicia Federal de San Nicolás estableció una prohibición general de aplicaciones terrestres dentro de los 1.095 metros y aéreas dentro de los 3.000 metros de las zonas protegidas, además de ordenar el suministro de agua potable a las familias afectadas.
Para el fiscal general, estos resultados constituyen elementos científicos relevantes que debieron ser examinados conjuntamente con los testimonios vecinales, las actas de infracción, los allanamientos, las muestras ambientales y la documentación sobre las aplicaciones agrícolas.
El dictamen también individualiza las pruebas referidas a cada acusado. En el caso de Cortese, recupera testimonios que lo ubicaron fumigando en las inmediaciones de calle Escudero, actuaciones municipales y elementos secuestrados. Respecto de Roces, analiza las aplicaciones denunciadas en el predio Don Mariano, situado en una zona urbana donde la actividad estaba prohibida. Sobre Tiribó, destaca especialmente el testimonio del aplicador José Luis Pantano, quien reconoció haber fumigado ese establecimiento hasta el alambrado lindero con calle Escudero, incluso durante la noche.
Los montos de las penas y el pedido de condena
La presentación de Pleé no deja lugar a interpretaciones respecto de lo que pretende del tribunal revisor. Solicita que se haga lugar al recurso fiscal, se revoquen las absoluciones y se condene a los tres imputados por contaminación del suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos peligrosos.
Además, pide que se apliquen las penas reclamadas oportunamente por Reynares Solari: cuatro años y tres meses de prisión para Cortese y cuatro años para Roces y Tiribó, junto con ocho años de inhabilitación especial para ejercer la actividad agropecuaria. La determinación de las sanciones deberá contemplar la realización de la audiencia correspondiente.
El fiscal también solicitó revisar el levantamiento de las medidas cautelares que había sido dispuesto respecto de Tiribó, una cuestión que tiene consecuencias directas sobre la protección ambiental de las zonas alcanzadas por la investigación.
Un aspecto particularmente relevante es que Pleé considera jurídicamente posible que Casación dicte directamente las condenas, sin devolver el expediente al tribunal de origen para la realización de otro juicio. Para fundamentarlo, invoca el artículo 470 del Código Procesal Penal de la Nación, sin desconocer que deberá garantizarse el derecho a una revisión amplia de una eventual primera condena dictada en instancia recursiva.
Una causa que excede a los imputados
En sus consideraciones finales, el fiscal general sostiene que el caso presenta gravedad institucional porque compromete intereses que exceden a las partes y afectan a la comunidad en su conjunto.
El dictamen menciona la exposición prolongada de vecinos a aplicaciones de agroquímicos realizadas junto a viviendas y establecimientos educativos. También hace referencia a los padecimientos sanitarios denunciados por Sabrina Ortiz y su grupo familiar, incluidos estudios que detectaron un daño genético aumentado respecto de los valores de referencia.
Detrás de esta investigación también está la perseverancia de las querellantes Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco, quienes sostuvieron durante años la denuncia y la participación judicial de las comunidades afectadas. La causa se inició en septiembre de 2018 a partir de una denuncia anónima que Ortiz posteriormente reconoció como propia, ante el temor a las amenazas y el hostigamiento que denunciaba por reclamar frente a las fumigaciones.
Ahora, el respaldo expreso de la Fiscalía General ante Casación a la impugnación de las absoluciones representa un nuevo escenario para el expediente.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y las querellantes. Todavía no existe una condena contra los tres fumigadores y la decisión definitiva está en manos de los jueces de esa instancia.
Pero la causa por contaminación ambiental ya no tiene solamente en discusión la valoración de las pruebas de un caso particular. También plantea un debate de fondo sobre los alcances de la legislación penal ambiental, la responsabilidad individual frente a la contaminación y la capacidad del sistema judicial para proteger a las comunidades expuestas a los agroquimicos.
Fuente: Con información y foto de Sitio 2477
