Según expresó, se trata de una discusión que apunta a garantizar condiciones de igualdad y ciudadanía plena para la comunidad travesti-trans.
Ortiz remarcó que Argentina cuenta con la histórica Ley de Identidad de Género, reconocida internacionalmente por garantizar el derecho a la identidad autopercibida. Sin embargo, sostuvo que ese avance no logró revertir la desigualdad estructural que atraviesa a la comunidad travesti-trans. “El reconocimiento legal fue un paso enorme, pero no resolvió el acceso real al trabajo, la salud o la vivienda”, explicó.
La referente socialista fue crítica con el actual gobierno de Javier Milei. Según señaló, no solo no hay avances en políticas de diversidad, sino que existen señales de retroceso. Mencionó el desmantelamiento de áreas estatales vinculadas a género y diversidad, el vaciamiento de organismos contra la discriminación y un discurso oficial que —según describió— estigmatiza a la comunidad LGBT.
“Cuando desde el máximo cargo del Estado se habla en términos despectivos sobre la “ideología de género” y se relativizan derechos ya conquistados, el mensaje que baja a la sociedad es que nuestras demandas son secundarias”, afirmó.
También advirtió sobre intentos de modificar por decreto aspectos vinculados al acceso a la salud en la Ley de Identidad de Género, especialmente en relación con adolescentes. Para Ortiz, ese tipo de medidas envían una señal política clara: Que los derechos pueden ser restringidos según la orientación ideológica del gobierno de turno.
Entre los puntos que, según la militante, debería contemplar una Ley Integral Trans se encuentran:
-Acceso a trabajo formal y estable.
-Atención de salud integral sin discriminación.
-Permanencia y acompañamiento en el sistema educativo.
-Políticas de vivienda digna.
-Reparación histórica para quienes sufrieron persecución y exclusión.
-Protección efectiva frente a la violencia.
Si bien destacó la existencia de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, advirtió que su implementación es desigual y que, en un contexto de ajuste estatal, corre riesgo de perder efectividad. “Sin un marco integral y sólido, todo depende de la voluntad política del momento”, sostuvo.
Ortiz subrayó que la discriminación no se limita a agresiones verbales, sino que atraviesa situaciones cotidianas: Entrevistas laborales que no prosperan al conocerse la identidad de género, profesionales de la salud que se niegan a atender, o adolescentes que temen acudir a un hospital por posibles restricciones.
A su entender, el clima social no puede separarse del clima político. “Cuando el poder estigmatiza, la sociedad replica. Hemos visto un aumento preocupante de discursos de odio y agresiones hacia personas LGBT”, señaló.
Militante socialista desde 2017, Ortiz planteó que su recorrido político está atravesado por su identidad, pero no se agota en ella. “Muchas veces se nos encasilla únicamente para hablar de diversidad, como si no pudiéramos opinar sobre economía, educación o modelo productivo”, expresó.
Relató que en debates públicos ha enfrentado interrupciones, subestimación de argumentos e incluso situaciones donde intentaron silenciar su intervención. “No queremos cupos simbólicos de opinión, queremos igualdad real en la disputa política”, afirmó.
Para la dirigente, el escenario sin una ley integral no sería muy distinto al actual, y eso es precisamente lo preocupante. “La mayoría de las personas trans sigue fuera del empleo formal y vive en condiciones de precariedad. Sin políticas integrales, la exclusión se vuelve permanente y se naturaliza”, advirtió.
En ese sentido, insistió en que el proyecto no representa un privilegio, sino una herramienta para romper un círculo histórico de desigualdad.
“Una democracia se mide por cómo trata a sus minorías. Cuando el poder político decide señalar o desfinanciar políticas de protección, debilita la democracia. Una Ley Integral Trans no es solo una demanda sectorial: Es la defensa del principio básico de igualdad ante la ley”, concluyó.
