La política y la justicia de San Nicolás se encuentran bajo fuego tras una presentación que promete sacudir los cimientos de la Segunda Sección Electoral.
Hugo Damián Caballero, activista ambiental, elevó en las últimas horas un pedido de auxilio institucional a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, solicitando el inicio inmediato de un juicio político -jury- contra los principales magistrados y funcionarios del Departamento Judicial San Nicolás.
La denuncia no es solo un reclamo administrativo. Es una radiografía de lo que Caballero describe como una “denegación de justicia extrema”.
El documento apunta directamente al corazón del poder político nicoleño, señalando al actual diputado y exintendente, Manuel Passaglia, como el artífice de una red de influencias destinada a garantizar la impunidad de su gabinete y castigar el activismo social.
El origen, una “cacería” en la reserva
Todo comenzó el 15 de marzo de 2021. Según expresó el denunciante, mientras documentaba fotográficamente la violación de una clausura judicial en el Parque Rafael de Aguiar -zona protegida por su valor ecosistémico-, fue interceptado en lo que describe como una persecución dirigida.
La acusación señala a Natalia Donadio, actual secretaria de Orden y Convivencia, como quien ordenó su detención mediante un “llamado de amigos” a un funcionario policial, salteándose cualquier protocolo legal.
Lo que siguió fue, según la denuncia, una serie de atropellos procesales. El vehículo de Caballero fue secuestrado ilegalmente, una maniobra que habría contado con el aval de Rubén Darío Giagnorio.
La gravedad institucional aumenta al denunciarse que el automóvil fue retirado de la comisaría por inspectores municipales sin causa lícita y, posteriormente, compactado de forma ilegal por orden de los funcionarios Donadio y Matías Grams. “El Estado destruyó el patrimonio de un inocente y me entregó chatarra como respuesta”, fustigó el denunciante.
Justicia bajo sospecha
El pedido de jury se extiende a figuras clave del Poder Judicial. Se menciona a la fiscal general Verónica Marcantonio por presunto prevaricato y mal desempeño, acusándola de paralizar la causa durante cinco años debido a su “amistad íntima” con Giagnorio. Asimismo, la jueza Laura Fernández y el secretario Goya son señalados por denegación de justicia y violencia institucional.
Caballero relató episodios de hostigamiento físico y amenazas para impedirle el acceso al juzgado y bloquear un embargo de 150 millones de pesos.
El reclamo legislativo
Ante lo que considera una “indefensión inducida” por parte de la Procuración General, que le habría negado sistemáticamente un abogado de la víctima gratuito (Ley N° 15.232), Caballero exige que la Legislatura intervenga para investigar el tráfico de influencias de Manuel Passaglia.
El petitorio es taxativo: inicio de jury para los jueces y fiscales involucrados, la designación de un fiscal extrajurisdiccional ajeno a San Nicolás para garantizar la imparcialidad, y medidas de protección para su integridad física.
La pelota está ahora en el campo de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la provincia, que deberán decidir si abren la caja de Pandora de la justicia nicoleña.
