Tras haber conseguido que el Senado diera media sanción a la ley de Modernización laboral, el gobierno de Javier Milei se anotó otro triunfo legislativo al lograr la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley Penal Juvenil, que incluye la baja de edad de punibilidad de los 16 a los 14 años entre otras modificaciones.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional salió en la Cámara baja por 149 votos a favor y 100 en contra. El proyecto deberá ahora ser analizado y aprobado por el Senado para convertirse en ley.
En el caso la ley de Régimen penal juvenil, que tomó nuevo impulso tras el caso Jeremías Monzón en Santa Fe –cruelmente asesinado por menores de 16 años–, la discusión enfrenta a los bloques principalmente en torno a la edad de imputabilidad a 14 años, si bien el proyecto lo excede.
El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.
El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo de 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.
La diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) indicó que presentarán un dictamen propio, que pone énfasis “en los delitos cometidos por los no punibles” y acusó al resto de reducir la discusión a la edad y olvidarse del derecho superior del niño.
Luego, la diputada Myriam Bregman (FIT unidad), remarcó que “se pretende criminalizar a los niños y adolescentes”.
En tanto el acuerdo Mercosur-UE, el despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de LLA, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas. La iniciativa consta de 5 mil páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.
