A partir de los primeros días de abril, las familias que optan por la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un nuevo esquema arancelario. Según confirmó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA), la Dirección General de Cultura y Educación autorizó esta actualización tras el reclamo del sector por el impacto de los acuerdos salariales y el aumento desmedido de tasas municipales y servicios públicos.
El peso de las paritarias y los costos fijos
El incremento autorizado busca compensar el desfasaje financiero producido por el último acuerdo paritario, donde los salarios docentes —el principal costo de cualquier instituto— aumentaron un 17% acumulado en el primer cuatrimestre del año. Aunque el Estado provincial subsidia una parte de los sueldos en el 70% de las escuelas, hay una estructura de costos fijos (mantenimiento, personal no docente, cargas sociales y servicios) que recae exclusivamente sobre la administración de cada colegio.
Desde AIEPBA, su secretario ejecutivo, Martín Zurita, fue contundente: “Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil. Muchos costos fijos aumentaron exponencialmente y hay factores nuevos que dificultan la administración, como el excesivo aumento de tasas en algunos municipios bonaerenses”.
Un sistema en crisis: menos alumnos y más deudas
El fenómeno no se agota en el precio de la cuota. La educación privada enfrenta una tormenta perfecta que combina factores demográficos y económicos:
Caída de la matrícula: se estima que el sistema educativo perdió cerca de 300.000 alumnos en los últimos cuatro años, producto de la baja natalidad y la migración forzada al sistema público por restricciones presupuestarias familiares.
Morosidad al límite: la dificultad de las familias para cumplir con los pagos mensuales ha elevado los índices de deuda interna en los colegios, obligando a muchas instituciones a tomar créditos para cubrir salarios.
Cierres silenciosos: tras la pandemia, la combinación de atraso arancelario y aumento de tarifas de servicios eléctricos y de gas ha empujado a varias instituciones en el conurbano y La Plata al cierre definitivo o a situaciones de quiebra técnica.
Libertad de aranceles vs. aporte estatal
Es importante diferenciar que este aumento del 6,5% rige para los colegios que reciben subsidios. Los establecimientos de arancel libre (sin aporte estatal) ya han aplicado ajustes superiores, basados en su estructura de costos y la inflación mayorista, operando bajo la lógica de mercado para sostener la calidad educativa y la infraestructura.
Para el padre de familia, el inicio de abril representa un nuevo desafío logístico y económico. Para las escuelas, es apenas un paliativo que no llega a cubrir el incremento del 17% en la masa salarial, profundizando una crisis de financiamiento que pone en duda la sostenibilidad del sistema mixto en el mediano plazo.
