El ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires enfrenta un inicio accidentado. Por segundo lunes consecutivo, miles de alumnos bonaerenses no pudieron ingresar a las aulas debido a un paro convocado por los gremios docentes y estatales. Si bien el Día Internacional de la Mujer se conmemoró el ayer domingo, las organizaciones feministas y sindicales decidieron trasladar la inactividad a la jornada de hoy para garantizar el impacto en el normal funcionamiento de las instituciones públicas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezan esta huelga nacional, que en territorio bonaerense adquiere un matiz particular. El propio espacio político que lidera el gobernador Axel Kicillof ha convocado abiertamente a la movilización, evidenciando una preocupante sintonía entre el Ejecutivo provincial y las cúpulas gremiales que deciden cerrar las escuelas. Mientras el Gobierno Nacional impulsa la presencialidad y el cumplimiento del calendario escolar, la gestión de La Plata parece convalidar que la educación sea, una vez más, la variable de ajuste frente a las disputas ideológicas.
El reclamo, que desembocará en una marcha desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, se ha alejado de los puntos de consenso social para centrarse en un rechazo explícito a las políticas de austeridad y reforma del presidente Javier Milei. En este escenario, la educación pública bonaerense queda rehén de una agenda partidaria. Para muchas familias de San Nicolás, la repetición de estas medidas de fuerza apenas iniciadas las clases representa un golpe a la planificación familiar y, fundamentalmente, un retroceso en el aprendizaje de los sectores más vulnerables, quienes ven en la escuela el único motor de ascenso social posible.
