La familia Passaglia, una de las más influyentes de San Nicolás, enfrenta desde hace años un entramado de denuncias judiciales, cuestionamientos patrimoniales y acusaciones políticas que ponen bajo la lupa su modelo de gestión y su peso en la escena local.
En 2018, un testigo de identidad reservada denunció a Ismael Passaglia por “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, a raíz del fuerte incremento de su patrimonio pese a haber trabajado únicamente en la administración pública. La acusación avanzó y, en 2020, la Cámara Federal de Rosario ordenó el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de Ismael, sus hijos Santiago y Manuel, integrantes del grupo familiar y presuntos prestanombres.
El embargo incluyó propiedades en Ramallo, San Pedro y Entre Ríos, departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y en La Barra (Uruguay), vehículos de alta gama y cuentas personales en pesos, dólares y otras monedas extranjeras compartidas por la familia. Según la denuncia, “la obscenidad del patrimonio quedó expuesta ante la opinión pública”, aunque medios locales sostuvieron un blindaje mediático.
Pese a estas medidas, en 2023 el entonces juez federal Marcelo Bailaque —luego apartado, procesado y detenido por sus vínculos con el narcotráfico— dictó la falta de mérito. La causa, sin embargo, continúa abierta tras la apelación de fiscales que advierten sobre “inconsistencias en declaraciones juradas, operaciones simuladas y adquisición de bienes incompatibles con ingresos declarados”.
En marzo de 2024, la Justicia Federal allanó la Municipalidad de San Nicolás en busca de documentación sobre la empresa mixta SAPEM Descubrí San Nicolás, señalada como una “municipalidad paralela”. Según la investigación, la firma habría sido utilizada para manejar bienes públicos —entre ellos el Estadio Único, el Autódromo, la Terminal y el Cementerio— “sin control”, además de otorgar contratos, subsidios y favores políticos.
El patrimonio de los Passaglia, estimado en varios millones de dólares, combina negocios agropecuarios, inmobiliarios y de obra pública. En paralelo, la familia fue denunciada por represión a ambientalistas, persecuciones policiales a opositores y hasta por el secuestro y desaparición del auto de un adversario político, causa que prosperó en Pergamino.
En el plano de la gestión, se cuestionaron inauguraciones de obras con deficiencias estructurales, la cesión de hospitales públicos a privados sin licitación, la falta de insumos y médicos en centros barriales y el cierre de algunos de ellos.
En mayo de 2024, el bloque de Unión por la Patria (UxP) señaló modificaciones presupuestarias introducidas por el intendente Santiago Passaglia. Según su informe, la comuna no registró recaudación por el uso del Predio Ferial, el Autódromo y el Estadio, sin precisar quién percibió las ganancias. Además, se destinaron más de $170 millones al Estadio Único, aunque su administración corresponde a la SAPEM y no dejó rédito para los contribuyentes.
También se retiraron $2.100 millones del presupuesto de pavimento, lo que, según UxP, explica el deterioro de las calles. En contrapartida, durante 2024 se invirtieron $2.474 millones en veredas céntricas que ya presentan roturas. Por decreto se redujo en $400 millones el Fondo Educativo y, en el Hospital de Zona Oeste —concesionado al Grupo Oroño—, se ejecutaron $748 millones pese a no contar con fondos asignados.
El actual intendente Santiago Passaglia declaró hace cinco años la propiedad de 877 hectáreas en la zona isleña de Gualeguay, Entre Ríos, frente a las costas nicoleñas. En esos terrenos, destinados a la ganadería, se desarrolló un emprendimiento millonario que quedó bajo la lupa durante los incendios en el Delta.
Los hermanos también protagonizaron un conflicto con una familia propietaria de 13 manzanas en el oeste de San Nicolás. Según la denuncia, en complot entre Manuel —entonces intendente— y Santiago —como diputado— impulsaron una ordenanza local y un proyecto en el Congreso para expropiar esas tierras pagando “una suma irrisoria”, pese a que su valor real supera los 5 millones de dólares. La Justicia frenó la iniciativa.
