En lo que fue la apertura de sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante tomó una decisión clave para el sector productivo local.
Con una mayoría de 14 votos, se aprobó la ordenanza que modifica la categoría del terreno donde se levanta la planta siderúrgica Sidersa, transformándolo formalmente de zona rural a industrial. Esta medida es el paso legal necesario para que la obra pueda continuar bajo el nuevo marco normativo una vez que el Ejecutivo Municipal promulgue la ley.
Aunque el debate en el recinto no fue sencillo, prevaleció que el proyecto pudiera tratarse sobre tablas. El oficialismo y el respaldo estratégico de los bloques libertarios confirmaron su aprobación.
Tanto La Libertad Avanza como Alianza La Libertad Avanza aportaron los votos de sus cuatro ediles para alcanzar el número necesario. En la vereda opuesta, los integrantes de Fuerza Patria mantuvieron una postura firme de rechazo e inflexible al desarrollo productivo, votando en contra de la iniciativa.
Más allá de la disputa legislativa, la aprobación se dio con un reclamo externo. Un par de abogados ambientalistas presentaron una queja formal por escrito para intentar frenar el tratamiento del proyecto. Los profesionales advirtieron sobre una causa judicial vigente que investiga el posible impacto ambiental de la planta.
De este modo, los concejales dieron muestras del apoyo al avance en la construcción de una nueva planta siderúrgica en San Nicolás con una inversión de 300 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proyectando producir 360.000 toneladas anuales de acero.
Utilizando tecnología MIDA, la instalación reducirá las emisiones de carbono en un 80 por ciento y reciclará el 99,5 por ciento de chatarra, generando unos 3.800 empleos directos e indirectos al operar.
