La ciudad de San Nicolás se encuentra ante un escenario judicial y ético sin precedentes que pone en jaque no solo el patrimonio municipal, sino la misma noción de responsabilidad de los funcionarios públicos. El caso de Damián Caballero, quien logró demostrar su inocencia tras sufrir el secuestro arbitrario y la compactación ilegal de su automóvil en 2021, ha derivado en un reclamo resarcitorio que hoy asciende a la escalofriante suma de 150 millones de pesos. La gran incógnita que hoy domina la escena política y social es quién pagará la cuenta de este atropello administrativo.
El derrotero de Caballero comenzó durante una protesta ambientalista en el Parque Rafael de Aguiar, donde fue detenido de manera arbitraria. Allí, personal municipal y policial secuestró su vehículo, un Volkswagen Bora 2013, a pesar de contar con toda la documentación en regla. Tras años de litigio, la Justicia declaró su inocencia, pero al intentar recuperar su bien, se topó con una confesión oscura del Municipio: el auto ya no existía, había sido compactado y destruido mucho antes de que existiera una sentencia firme que avalara tal despropósito.
¿Capricho político o responsabilidad personal?
La destrucción de un bien privado sin orden judicial previa expone una gestión que, para muchos, actuó con un desprecio absoluto por los derechos ciudadanos y la propiedad. Ante un error tan grosero, la respuesta oficial no fue la reparación inmediata, sino un entramado de dilaciones y recusaciones masivas de abogados y fiscales que manifestaron presuntos lazos de amistad con la familia que gobernaba la ciudad, paralizando la causa durante casi cinco años.
Hoy, la jueza Laura Fernández tiene en sus manos el pedido de embargo por los 150 millones. El dilema de fondo es si este costo debe ser absorbido por los impuestos que pagan todos los contribuyentes nicoleños —víctimas, a su vez, de la mala praxis de sus gobernantes— o si debe recaer sobre el patrimonio personal del entonces intendente Manuel Passaglia. Caballero sostiene que fue víctima de un plan sistemático para ocultar pruebas, destruyendo su vehículo mientras él intentaba demostrar su inocencia. La comunidad, indignada, comienza a exigir que los platos rotos de un aparente capricho político y persecución injustificada no los pague el pueblo, sino quienes firmaron las órdenes que hoy nos cuestan una fortuna. El caso queda como un antecedente gravísimo sobre la falta de independencia en los tribunales locales y el manejo impune de los bienes privados por parte del Estado municipal.
