En sus más de quince años de trayectoria, ha presentado acciones judiciales contra gestiones de todos los colores, porque está convencido de que, cuando se trata de avanzar sobre la naturaleza, no hay mucha diferencia entre un sector y otro. Su objetivo es simple y claro: que cualquier emprendimiento, por más grande que sea, respete las mismas reglas que tiene que cumplir un vecino común o un comerciante que quiere abrir su local.
Maggi se refirió a la situación crítica en las barrancas del río Paraná. Contó que la justicia dictó una medida cautelar porque se detectó que el sitio está contaminado y representa un alto riesgo. Explicó de forma muy sencilla que la contaminación no se queda estancada en un solo lugar, sino que se mueve. Si el suelo está contaminado, el viento levanta esas partículas y las respiramos, o el agua las traslada hacia otros puntos. Por eso, cuando un juez toma una decisión así, no es por capricho, sino porque escuchó a expertos y analizó pruebas que demuestran que la salud de la población está en peligro y hay que tomar medidas urgentes de contención.
Un punto que genera mucha confusión y que Maggi quiso aclarar bien es el tema de las playas. Hay una idea dando vueltas de que la justicia cerró los balnearios, pero el abogado asegura que eso es mentira y que se está informando mal a la gente a propósito. La orden de la Corte de Justicia de la Provincia es muy específica: Lo único que prohibió fue el desmonte y el uso de máquinas pesadas para mover tierra, pero nunca prohibió que la gente fuera a bañarse o a disfrutar del río. La decisión de no habilitar las playas este verano fue una elección del propio intendente y no una obligación impuesta por los jueces. Para Maggi, es fundamental que la gente pueda disfrutar de los espacios naturales, siempre y cuando se los cuide.
Finalmente, el abogado desmintió cualquier vínculo con el gobierno provincial de Kicillof, recordando que incluso lo ha denunciado por temas ambientales en Zárate. Para él, lo que sucede hoy con ciertos planes de mitigación de cambio climático que presentan algunos municipios es pura apariencia, una especie de “cartón pintado” que no ataca los problemas reales de la industria metalúrgica o las usinas de la región. Su expectativa ahora está puesta en la Cámara Penal de San Nicolás, que viene sacando fallos muy alentadores sobre el rol de la propiedad privada y la obligación de cuidar el medio ambiente por encima de los intereses económicos particulares.
