El fiscal Federico Reynares Solari, quien impulsa la acusación contra el juez Marcelo Bailaque —a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al clan Passaglia, además de cargos por extorsión y otras imputaciones— aceptó que la Cámara Federal de Rosario le haya otorgado la prisión domiciliaria. Sin embargo, advirtió que ese beneficio “se reparte de manera desigual” y remarcó que, mientras tanto, el magistrado continúa en funciones, tomando decisiones judiciales pese a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
“Habíamos pedido prisión preventiva común, sin carácter domiciliario, pero la Cámara no lo dispuso así. Lo importante, de todos modos, es que la Cámara Federal ratificó por unanimidad que hay fundamentos para sostener la imputación, que las acusaciones son sólidas”, valoró el fiscal federal, en equipo con sus pares de la Procunar y la Procelac.
Los camaristas Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal resolvieron una apelación presentada por la defensa de Bailaque, que pidió que se revocara la prisión preventiva dictada por el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz a fines de abril. Esa medida implicaba su detención, pero no se hizo efectiva porque Bailaque aún conserva inmunidad por su cargo como titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario.
A Bailaque se lo está procesando por vínculos indirectos con el narcotraficante Esteban Alvarado, a quien habría beneficiado omitiendo medidas solicitadas por las fuerzas de seguridad que lo investigaban. También se lo acusa de beneficiar a un amigo personal, el financista Fernando Whpei, al consignarle a su cargo mil millones de pesos interdictos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín. Además, se investiga su participación en una maniobra extorsiva junto a Whpei y al ex director de AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, contra los agentes bursátiles Jorge Oneto y Claudio Iglesias, a quienes les habrían exigido dinero a cambio de no armarles una causa penal por lavado de activos.
“Sabemos que la acusación que llevamos adelante pone en tensión al sistema judicial: son jueces decidiendo sobre el destino de un juez”, admitió Reynares Solari.
“Si antes de emprender este camino nos hubieran dicho que estaríamos en esta situación, lo hubiera firmado”, meditó el fiscal al sopesar el hecho, infrecuente, de haber logrado la prisión preventiva para un juez federal por hechos de corrupción. “Luego sí, nos metieron un gol sobre la hora, pero creo que seguimos ganando el partido”, terció Reynares Solari en metáfora futbolera.
La causa se encuentra trabada, además, por la inacción del Consejo de la Magistratura, que aún no ha suspendido al magistrado ni quitado sus fueros. “Eso es lo que más tensión genera en el sistema: el doctor Bailaque continúa actuando como juez, incluso en audiencias acusatorias. Hoy mismo tengo una, y no sé si me tocará él. Tal vez nos miremos y él piense que soy el que lo acusa… Nosotros tenemos entrenamiento profesional para manejarlo, pero un ciudadano común no. ¿Cómo se sentirá alguien al ser juzgado por un magistrado al que se le dictó una medida cautelar?”, se preguntó.
El fiscal señaló que “estas dispensas del sistema no las tiene la mayoría de las personas atrapadas por el sistema judicial. Entonces nos encontramos con personas que tienen calificación jurídica menor con prisión preventiva, y el doctor Bailaque en su casa, aunque también con cargos jurídicos graves. Porque es una persona con arraigo, consolidada… La prisión preventiva se reparte de manera desigual en la sociedad”.
Con años de trayectoria en el fuero federal, Reynares Solari también apuntó al desgaste estructural del sistema: “El descrédito de la Justicia federal viene de larga data. La diferencia es que ahora todos se enteraron de golpe, de críticas al sistema anterior y también al actual.”
