El Gobierno dispuso la eliminación del “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” en el ámbito de la Anses, con el objetivo de remover las “barreras innecesarias” para los ciudadanos al realizar trámites previsionales. El director ejecutivo de Anses, Mariano de los Heros, firmó el documento, que se presenta como una medida para eliminar “barreras innecesarias” en los trámites previsionales. La decisión se oficializó a través de la Resolución 982/2024, publicada hoy en el Boletín Oficial, y representa un paso dentro del programa de desregulación impulsado por la administración actual.
La eliminación de este registro, creado en 2014 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, permite que los ciudadanos ya no estén obligados a recurrir exclusivamente a profesionales habilitados por Anses para gestionar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). No obstante, la medida no restringe la posibilidad de acceder a representación profesional por parte de abogados o gestores, conforme a las normas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994), que regula los mandatos y representaciones entre privados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó: “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. Según Sturzenegger, esta resolución responde a la visión del presidente Javier Milei de reducir las restricciones a las libertades individuales, en línea con las reformas impulsadas bajo la Ley N° 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
En la resolución se argumentó que la derogación del registro tiene como objetivo lograr una “gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”, removiendo barreras que, según la visión del actual gobierno, generaban costos adicionales y esfuerzo para los ciudadanos.
Las autoridades destacaron que esta medida forma parte de un proceso más amplio de reformas destinadas a mejorar la eficiencia del Estado, contener el gasto público y hacer más ágiles los trámites que involucran a la ciudadanía. La eliminación del registro, afirman, se alinea con el objetivo de establecer un nuevo paradigma en la relación entre el ciudadano y la administración pública.
