A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional anunció un incremento en el nomenclador de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que será de entre 29,7% y 35,4%. Los aumentos se aplicarán en tres tramos —correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre— y los detalles fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial.
La medida fue acordada durante una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.
Fuentes oficiales informaron que el incremento fue posible luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, autorizara la liberación de partidas presupuestarias adicionales para cubrir los aumentos correspondientes al tercer trimestre del año.
El ajuste impactará en los honorarios de profesionales y prestadores que brindan servicios vinculados con internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
El anuncio se produce en un contexto político marcado por la reciente derrota del oficialismo en el Congreso, donde el Gobierno perdió la votación por la Ley de Emergencia de Discapacidad. Ambas Cámaras insistieron en aprobar la norma pese al veto presidencial, lo que obligó a la Casa Rosada a promulgarla. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que “no están los fondos para financiarla” y solicitó al Parlamento que determine, en el Presupuesto 2026, de dónde provendrán los recursos. Hasta entonces, la aplicación de la ley permanece suspendida.
Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, indicaron que la actualización “estará por encima de la inflación proyectada para todo 2025” y que la medida “refleja una decisión concreta de mejorar los ingresos del sector y brindar previsibilidad a los prestadores”.
En declaraciones con tono crítico hacia la gestión anterior, voceros de la cartera sanitaria recordaron que “en 2023 aumentaron el nomenclador un 93% contra un 211% de inflación” y agregaron que “en muchos casos, las provincias pagan la mitad de lo que abona Nación, como ocurre con IOMA en la provincia de Buenos Aires”.
