Política

El Gobierno posterga hasta agosto la discusión de los cambios electorales

La iniciativa promovida por la administración libertaria seguirá en negociación durante los próximos meses. La principal traba aparece en el intento de terminar con las primarias, una medida que no reúne respaldo suficiente entre radicales, macristas y sectores provinciales.

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El debate de la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei quedó postergado al menos hasta agosto. La decisión responde a la falta de acuerdos en el Senado, donde la eliminación de las PASO encuentra una fuerte resistencia de la UCR, el PRO y parte de los bloques provinciales.

Según trascendió desde el oficialismo, la discusión recién volverá a activarse una vez finalizado el receso invernal del Congreso. Como ocurre habitualmente, las vacaciones legislativas se desarrollarán junto con las del personal parlamentario y se extenderán hasta fines de julio.

La propuesta enviada por la Casa Rosada no se limita a las primarias. También incorpora la implementación de Ficha Limpia, modificaciones para el reconocimiento de los partidos políticos a nivel nacional, cambios en el financiamiento partidario, la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales y el fin de la publicidad gratuita en medios de comunicación durante las campañas.

El principal problema para el oficialismo aparece en la búsqueda de votos. Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores peronistas y dirigentes dialoguistas, una parte importante de los senadores radicales no responde a mandatarios provinciales. Una situación similar ocurre con los tres integrantes del bloque macrista.

Con 21 bancas propias, el espacio libertario necesita alcanzar los 37 votos para aprobar la eliminación de las primarias. Eso implica sumar 16 adhesiones adicionales, un objetivo que por ahora luce lejano debido al rechazo de los principales bloques opositores y de legisladores vinculados a gobernadores dialoguistas.

Desde el oficialismo reconocen que la presidenta de bloque, Patricia Bullrich, ya transmitió al Gobierno que no están los votos para eliminar las PASO. Esa evaluación obligó a abrir una etapa de negociaciones para explorar alternativas que permitan destrabar la discusión.

Entre las opciones analizadas aparece convertir las primarias en una instancia optativa o volver a suspenderlas para las elecciones de 2027. Sin embargo, ninguna de esas variantes cuenta hasta ahora con el visto bueno de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La tensión también alcanzó a Ficha Limpia. El Gobierno rechazó el pedido de la oposición para tratar esa iniciativa por separado. Tanto el PRO, como la UCR y Provincias Unidas, habían solicitado durante la última sesión que esos expedientes recibieran un tratamiento preferencial, aunque la propuesta no prosperó.

Por ese motivo, los próximos dos meses serán determinantes para definir si el Ejecutivo logra reunir los apoyos necesarios para avanzar con el paquete completo. Hasta el momento, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, solo convocó a una reunión informativa en la que expuso la asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Electoral, Luz Landívar.

El proyecto establece la aplicación de Ficha Limpia, impidiendo que puedan competir por cargos electivos quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. También elimina las PASO para elegir candidatos al Congreso y a la Presidencia, dejando en manos de cada fuerza política la definición de su mecanismo interno de selección.

Además, fija que las postulaciones presidenciales deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que las candidaturas legislativas necesitarán el respaldo del 0,5% del padrón correspondiente a cada distrito. A su vez, los partidos políticos deberán tener reconocimiento en diez distritos y reunir un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional para obtener alcance nacional.

Otro de los cambios contempla la eliminación del financiamiento estatal de las campañas electorales y eleva del 2% al 35% el límite de aportes privados para partidos y alianzas. Los recursos públicos quedarían concentrados únicamente en el Fondo Partidario Permanente.

La iniciativa también propone terminar con la publicidad gratuita en medios de comunicación, eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales que se realizaron en 2019 y 2023, y modificar la legislación de la Boleta Única de Papel para incorporar la opción de votar lista completa mediante un tilde. Además, habilita la posibilidad de incluir categorías provinciales cuando existan elecciones simultáneas.

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