El Gobierno nacional volverá a sentarse a negociar en marzo para cubrir las dos vacantes que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia, en un escenario marcado por el antecedente inmediato del rechazo legislativo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que no lograron superar el filtro del Senado hace exactamente un año.
La decisión de congelar el tema durante buena parte de 2025 fue tomada por Javier Milei, que optó por correr el debate judicial del centro de la escena mientras el oficialismo concentraba su capital político en sacar adelante el Presupuesto 2026 y el paquete de proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias. Esa hoja de ruta se cumplió en diciembre, cuando la ley de leyes logró finalmente la sanción parlamentaria.
Con ese capítulo casi cerrado y con la convocatoria a un nuevo período extraordinario prevista para febrero, en la Casa Rosada consideran que están dadas las condiciones para reabrir, de manera gradual, las conversaciones con la oposición. El objetivo es sumar respaldo en bloques que hoy se muestran refractarios al Ejecutivo, en especial Unión por la Patria, para evitar un nuevo traspié en la Cámara alta.
Por ahora, los nombres para ocupar los sillones vacantes en el máximo tribunal no están definidos. Desde el entorno presidencial reconocen que existen alternativas en análisis, aunque sin precisiones.
Hasta el año pasado, luego del fracaso de los pliegos originales, en el oficialismo circulaban con fuerza los nombres de Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y del exjuez federal Ricardo Rojas, quien además había sido considerado como opción para la Procuración General del Tesoro. Ese abanico, sin embargo, quedó en revisión tras el cambio de prioridades políticas.
En paralelo a la discusión por la Corte, el Ejecutivo ya tendría prácticamente definidos los nombres para cubrir 146 juzgados federales, 37 fiscalías y 45 defensorías públicas que permanecen vacantes. Según admiten puertas adentro, estas designaciones permitirían cubrir más del 30% de los cargos sin titular en todo el sistema judicial.
Para avanzar con ese esquema, en Balcarce 50 no descartan abrir una mesa de negociación con gobernadores considerados dialoguistas, con el objetivo de destrabar apoyos en el Senado. El canal con las provincias se apoya en el vínculo político que se consolidó durante el tratamiento de distintas leyes impulsadas por la administración libertaria.
El mecanismo para cubrir vacancias en juzgados y fiscalías sigue el procedimiento habitual. Primero, los postulantes deben presentarse a concurso. Luego, el Consejo de la Magistratura conforma las ternas que, tras ser avaladas por su plenario, se envían al Ministerio de Justicia, organismo que selecciona los nombres que finalmente llegan al Senado para su aprobación o rechazo.
En este esquema general, el Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el reemplazo del Procurador General de la Nación, cargo que hoy ocupa de manera interina Eduardo Casal. Desde el entorno presidencial relativizan los tiempos y dejan la definición abierta.
Fuente: Con información de Data Clave
