La justicia de San Nicolás enfrenta un escándalo que pone en jaque al patrimonio municipal y a la gestión del ex intendente Manuel Passaglia. El caso se remonta al año 2021, cuando Damián Caballero fue detenido de manera arbitraria durante una protesta ambientalista en el Parque Rafael de Aguiar.
En aquel entonces, la policía y agentes de tránsito le secuestraron su automóvil, un Volkswagen Bora 2013, a pesar de que el vecino contaba con toda la documentación en regla y no había cometido ninguna infracción. Tras años de litigio, la justicia finalmente declaró la inocencia de Caballero, pero el conflicto tomó un giro oscuro: El municipio confesó que el vehículo ya no existe porque fue compactado y destruido mucho antes de que existiera una sentencia firme.
Esta situación derivó en un reclamo judicial que hoy asciende a los 150 millones de pesos en concepto de resarcimiento. Actualmente, la jueza Laura Fernández tiene en sus manos el pedido de embargo para cubrir esta suma, y la gran incógnita es si el pago saldrá de los impuestos públicos que alimentan los contribuyentes o si deberá responder el propio ex intendente con su patrimonio personal. El proceso estuvo marcado por denuncias de parálisis judicial y vínculos de amistad entre funcionarios municipales y miembros del Poder Judicial que, según el denunciante, evitaron que la causa avanzara durante casi cinco años.
Este accionar del municipio no solo revela una gestión autoritaria y desapegada de las normas básicas de derecho, sino que expone una preocupante impunidad administrativa. Destruir un bien privado sin una orden judicial previa es un atropello que desborda cualquier límite institucional y demuestra un desprecio absoluto por la propiedad de los ciudadanos. Lo más grave es que, ante un error tan evidente y grosero, la respuesta oficial no haya sido la reparación inmediata, sino el refugio en una red de influencias para dilatar el proceso, dejando que ahora sea la comunidad la que posiblemente deba pagar con sus impuestos las consecuencias de un capricho político y una persecución injustificada.
Caballero sostiene que fue víctima de un plan sistemático para ocultar pruebas, ya que su auto fue destruido mientras él intentaba demostrar su inocencia. Además, el caso salpica a diversos actores de la justicia local, con recusaciones y excusaciones masivas de abogados y fiscales que manifestaron tener relaciones personales con la familia que gobierna la ciudad. Mientras se espera la resolución de la jueza Fernández, el caso queda como un antecedente gravísimo sobre el manejo de los bienes privados por parte del Estado municipal y la falta de independencia en los tribunales de la ciudad.
