El obispo de la diócesis de San Nicolás, Hugo Santiago, se refirió a la situación del sacerdote Rodrigo Enrique Vázquez, de 53 años, denunciado tras el allanamiento en una parroquia de Pergamino donde se secuestró un arsenal.
En declaraciones a la prensa, Santiago calificó el caso como un “escándalo mayúsculo” y confirmó que el cura fue separado cautelarmente de sus funciones pastorales hasta que el Vaticano se expida. “La medida busca resguardar la comunidad y garantizar el debido proceso”, explicó.
El obispo detalló que la denuncia canónica fue elevada a Roma y que se espera la intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de este tipo de casos. El proceso prevé la conformación de un tribunal, la presentación de pruebas y el derecho a defensa del sacerdote.
Además, Santiago remarcó que la Iglesia colabora con la Justicia civil para el avance de la causa penal y sostuvo que “los hechos son de una gravedad que no puede relativizarse”.
De este modo, la investigación se desarrolla en dos planos: por un lado, la causa judicial en el ámbito provincial y, por otro, el procedimiento canónico que definirá la situación del religioso en la estructura eclesial. La separación preventiva no implica una condena, sino una medida cautelar que lo aparta de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.
El caso tuvo origen en el allanamiento de una parroquia de Pergamino, donde se secuestró un arsenal que derivó en la denuncia y la posterior intervención de la Iglesia. Ahora, el expediente en Roma quedó bajo estudio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que deberá analizar las pruebas y la defensa del acusado. Según lo que se determine, las sanciones pueden ir desde restricciones en el ministerio hasta la expulsión del estado clerical.
