El Consejo de la Magistratura de la Nación reactivó la investigación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien interviene en la causa contra los Passaglia, y avanza en el proceso que podría terminar en su destitución. El caso dio un giro luego de que se homologara la declaración como arrepentido del exjefe de la AFIP, Carlos Vaudagna.
La confesión, que fue formalizada el viernes pasado, motivó al consejero Álvaro González, diputado alineado con Horacio Rodríguez Larreta, a solicitar a la Justicia Federal los antecedentes de esa declaración. El pedido fue dirigido al vicepresidente de la Comisión de Acusación del Consejo, el diputado Rodolfo Tailhade. La maniobra marca el primer paso hacia una posible suspensión del magistrado, antesala del juicio político.
Hasta entonces, el Consejo había transitado con lentitud el expediente contra Bailaque, quien contaba con respaldos dentro del propio cuerpo. Pero la situación cambió abruptamente tras la decisión de Vaudagna de acogerse a la figura del arrepentido, reconociendo delitos cometidos junto a figuras relevantes del poder judicial y económico. En sus declaraciones, salpicó a empresarios como Carlos Nahuel Caputto, al sindicalista Carlos Felice y a Omar Scarel, exdirectivo de Vicentín.
Bailaque, nombrado juez federal en 2008, comenzó su carrera en Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador. Con el tiempo, tejió una red de respaldos políticos que lo sostuvieron en el cargo, a pesar de cuestionamientos sobre su desempeño. Sin embargo, el contexto actual, marcado por nuevas pruebas y testimonios, debilita esa estructura de protección.
Ya en 2022, durante el juicio contra el narco Alvarado, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery advirtieron sobre la responsabilidad del Estado en permitir que el crimen organizado creciera en Rosario. En sus alegatos, señalaron que la inacción judicial permitió al jefe narco consolidar su poder y fortuna. Apuntaron directamente contra Bailaque, quien en 2013 ignoró un pedido para intervenir los teléfonos de Alvarado.
Hasta ese momento, las críticas al juez apuntaban a su pasividad. Pero la declaración de Vaudagna lo ubica en un rol mucho más grave: el de partícipe de un entramado de corrupción con un rol activo. Según el exfuncionario, Bailaque habría utilizado su cargo para encubrir maniobras extorsivas a empresarios.
Este giro representa un cambio de paradigma: ya no se trata solo de negligencia judicial, sino de complicidad activa con redes delictivas. En el pasado, otros magistrados que cruzaron ese límite fueron destituidos y condenados, como Raúl Reynoso (Orán) o Carlos Soto Dávila (Corrientes), investigados por el fiscal Diego Iglesias, quien también actúa en este expediente junto a funcionarios del Ministerio Público de distintas jurisdicciones.
El Consejo de la Magistratura comienza ahora una etapa decisiva. En las próximas semanas, se esperan nuevas pruebas, entre ellas el contenido del teléfono de Vaudagna, cuya segunda pericia estaría revelando información sensible y nuevos involucrados.
El sistema judicial, que por años amparó con silencios y demoras, empieza a correrse del lugar de protección. El caso Bailaque podría marcar un precedente si avanza hacia una destitución efectiva, impulsada ya no solo por presión externa, sino desde el corazón mismo del aparato institucional.
