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El Vaticano recibió la denuncia contra el sacerdote de Pergamino

El Obispado de San Nicolás confirmó que el expediente de Rodrigo Enrique Vázquez fue remitido al Dicasterio para el Clero, en Roma. El párroco enfrenta una investigación judicial por violencia de género y tenencia de armas, además de un proceso canónico en curso

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El Obispado de San Nicolás comunicó oficialmente que la denuncia contra el sacerdote Rodrigo Enrique Vázquez, de 53 años, ya fue elevada al Vaticano. Según informó el obispo Hugo Norberto Santiago, el trámite administrativo penal canónico comenzó el 7 de agosto de 2023 y concluyó su etapa diocesana el 2 de junio pasado. Desde entonces, el expediente fue remitido al Dicasterio para el Clero, en Roma, que deberá resolver la situación definitiva del párroco.

Vázquez fue denunciado por una mujer de 46 años con la que habría mantenido una relación sentimental. La causa judicial tramita en la UFI N° 4 de Pergamino. A comienzos de junio, la Policía allanó la casa parroquial del barrio Santa Julia, donde el sacerdote residía, y secuestró dos pistolas calibre 9 mm, un revólver calibre 22 y cerca de 200 municiones. Por este hallazgo, la Justicia le notificó la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

El Obispado señaló que, de manera paralela a la investigación judicial, se dispuso un proceso canónico. Ahora será la Santa Sede la que determine las sanciones eclesiásticas que correspondan.

No es la primera vez que el sacerdote enfrenta cuestionamientos. En 2023, ya había sido sancionado por difundir audios en los que acusaba al actual arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, de apoyar el terrorismo y le atribuía una orientación sexual. Tras el escándalo, Vázquez debió retractarse y pedir perdón, y fue sancionado con una reprensión y una penitencia canónica: un retiro espiritual de quince días en el monasterio benedictino de Luján, con la advertencia de que nuevas reincidencias podrían derivar en la suspensión de su ministerio.

De esta manera, el caso avanza en dos carriles: la Justicia ordinaria, que investiga las denuncias por violencia y armas, y la justicia eclesiástica, que ya elevó el expediente al Vaticano.

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