El cierre de la planta de Atanor en San Nicolás sigue generando repercusiones. Esta vez, fue el Consejo Profesional de Química (CPQ) de la provincia de Buenos Aires quien solicitó que se aplique de manera urgente un plan de remediación ambiental, ante los graves impactos detectados en el suelo, el agua y la población.
Desde el CPQ reclamaron que se tomen medidas correctivas inmediatas, con intervención de profesionales idóneos y matriculados, que permitan dimensionar con precisión el daño causado y verificar el cumplimiento efectivo de las acciones de saneamiento. Además, pidieron que, si corresponde, se apliquen las sanciones previstas por ley, para evitar que los responsables queden impunes.
La planta fue clausurada de manera preventiva y total por la Autoridad del Agua (ADA) provincial, luego de comprobar la presencia de glifosato, atrazina, clorpirifos (una sustancia prohibida en Argentina), fenoles y metales pesados como arsénico, plomo y cromo. Las inspecciones confirmaron que Atanor volcaba residuos industriales a través de un ducto que solo estaba habilitado para efluentes cloacales, en violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
La empresa anunció un proceso de relocalización hacia Río Tercero, Córdoba, aunque mantendría en San Nicolás un centro logístico para productos peligrosos. Esta decisión encendió nuevas alarmas: el presidente del CPQ, Carlos Colángelo, advirtió que “si no hay controles reales, la historia puede repetirse en otra ciudad” y cuestionó el historial de irregularidades en la planta nicoleña.
Colángelo recordó también la explosión ocurrida en marzo de 2024, cuya investigación aún genera dudas entre especialistas y vecinos, y que marcó un punto de inflexión en el reclamo por mayor transparencia en las auditorías ambientales.
Finalmente, el CPQ pidió que el Ministerio de Ambiente de la provincia asuma su responsabilidad y garantice un plan de remediación total y efectivo, que no dependa de compromisos voluntarios de la empresa, sino que contemple seguimiento oficial, participación de la comunidad y mecanismos de sanción concretos.
