El drama se multiplica en todo el país. En los últimos días, a unas 1700 familias de chicos con certificado de discapacidad les llegó un mensaje inesperado: sus hijos ya no contarían con el acompañamiento terapéutico en la escuela. La decisión surge de auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que dieron de baja la categorización de varios centros, dejando sin cobertura a cientos de pacientes.
Paola lo vivió en carne propia. “Me caían las lágrimas mientras leía el mensaje. No sabía cómo decirle a mi hija que el lunes ya no iba a tener ese apoyo que necesita”, relató a La Nación. Su hija Sol, de 10 años y con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, se quedó sin Lucila, la acompañante terapéutica que la ayudó a progresar. Lo mismo les pasó a unos 900 chicos del mismo centro, que de un día para otro quedaron sin ese soporte fundamental.
La situación no es aislada. Desde la Cámara de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (CASAIE) advierten que además de las 1700 familias ya afectadas, hay otras 3500 que podrían recibir la misma notificación en cualquier momento. Según su presidenta, Elizabeth Foschi, “es necesario que existan controles, pero no con estas medidas arbitrarias que terminan castigando a los chicos”.
Las irregularidades señaladas por Andis en algunos casos rozan lo insólito: matafuegos vencidos, timbres que no funcionaban o legajos en formato digital en vez de físico con firmas reales de los padres. Desde CASAIE remarcan que, tratándose de acompañamientos dentro de las escuelas, las condiciones edilicias del centro no deberían justificar un corte total del servicio.
El impacto también golpea de lleno a los trabajadores. El 28 de agosto cientos de acompañantes profesionales no docentes (APND) recibieron mensajes de sus coordinaciones avisándoles que el lunes ya no tenían empleo. Muchos quedaron desempleados de un día para el otro, con el agregado del vínculo afectivo que habían construido con los niños.
La tensión se profundiza en un contexto de escándalo. Tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Andis, que vinculan a Karina Milei y Lule Menem con un supuesto esquema de corrupción ligado al 3% de los fondos destinados a discapacidad, las denuncias de irregularidades y el enojo social no paran de crecer.
En paralelo, en la Comisión de Discapacidad de Diputados, la oposición avanzó con proyectos para restituir todas las pensiones por invalidez laboral que fueron dadas de baja desde diciembre de 2023. La iniciativa, impulsada por Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés (UxP), apunta directamente contra la gestión de Milei. “Esto es por el derecho a las víctimas, les sacaron las pensiones sin ningún justificativo”, dijo Valdés.
El diputado Juan Marino (UxP) también logró dictaminar un proyecto que busca una reestructuración integral de la Andis, con mayor transparencia y participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones. “Es una respuesta institucional impostergable ante la crisis de legitimidad que atraviesa la Agencia”, remarcó.
Desde el oficialismo, los libertarios Carlos García y Gerardo Huesen rechazaron de plano las propuestas opositoras y cargaron contra Unión por la Patria. Huesen no dudó en polemizar: “Son los responsables del peor Gobierno de la historia, con su líder política con tobillera saltando en el balcón. Es una vergüenza lo que están haciendo en esta comisión”.
Mientras tanto, las familias siguen recibiendo mensajes que ponen en riesgo la continuidad escolar de sus hijos. Cecilia, mamá de Valentina, una nena de quinto grado con diagnóstico de TDAH, contó que la escuela intenta contener la situación, pero “de un día para otro nos dijeron que Valen se quedaba sin acompañante, por problemas de categorización”.
Fuente: Con información de Data Clave
