El Gobierno anunció la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) tras la detección de una serie de irregularidades plasmadas en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La decisión, formalizada mediante el Decreto 985/2024 y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
Según el informe de la Sigen, la auditoría del fondo reveló “inconsistencias” en los procesos administrativos y financieros, así como una falta de control y seguimiento en la ejecución del FFCS. Entre las observaciones, se destacaron las debilidades en la registración de información administrativa y contable, la ausencia de monitoreo de la gestión y un retraso significativo en los procesos de auditoría de sus estados contables.
El FFCS, creado en 1997, tenía como objetivo fomentar el desarrollo de microempresas de bajos recursos a nivel nacional. La estructura operativa incluía la sociedad Foncap, que ofrecía financiamiento a instituciones de microfinanzas, microcréditos, capacitación y seguros inclusivos. Sin embargo, la reciente auditoría señaló que los objetivos no se cumplieron, y que la administración incurrió en gastos elevados sin resultados significativos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la eliminación del fondo representará un ahorro de aproximadamente 100 millones de pesos mensuales. Según Adorni, el 74% de los gastos del FFCS se destinaba a sueldos y cargas sociales, y en el último año la institución otorgó apenas 20 créditos, en contraste con los altos costos operativos, incluyendo 20 millones de pesos en oficinas y 80 millones asignados mensualmente a sus 26 empleados.
Además, el informe reveló que el capital inicial del fondo, establecido en 40 millones de dólares, se redujo a solo un 8% de su valor original. Según Adorni, no se cumplían los mecanismos de promoción ni existían informes de gestión adecuados, lo cual reflejaba la “pésima administración” del fondo. Ante estos hallazgos, el Gobierno consideró que “el Estado debe retirarse de fondos que no generan beneficios a los contribuyentes y representan un gasto innecesario”.
El proceso de disolución del FFCS incluirá la liquidación de sus activos, los cuales serán transferidos al Estado, su único beneficiario. La medida se enmarca en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 y el Decreto N° 695/24, que habilitan al Ejecutivo a modificar o liquidar fondos fiduciarios.
