La Justicia imputó al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque –actualmente en prisión domiciliaria e investigado por distintos hechos de corrupción– y a su esposa G.M.M. como coautores del delito de lavado de activos, en una causa que gira en torno a la compra de un lote valuado en 70.000 dólares en un exclusivo barrio cerrado de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco, formalizó la nueva imputación y aportó los elementos que llevaron a adoptar medidas cautelares de envergadura.
A pedido del auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dispuso una medida de no innovar sobre el inmueble para un eventual decomiso y ordenó embargos por 414 millones de pesos para cada uno de los acusados. La causa quedó en manos del fiscal Juan Argibay, de la delegación Rosario de PROCELAC, quien detalló que el matrimonio habría puesto en circulación fondos de origen ilícito mediante un contrato oneroso firmado el 24 de agosto de 2020, a través del cual adquirieron derechos de la empresa constructora EDECA SA sobre una unidad del complejo “Vida Barrio Cerrado”.
Según la imputación, el lote adquirido por Bailaque y su esposa se encuentra en un predio ubicado sobre avenida Arturo Illia y calle Las Golondrinas, y ambos lo administraron de manera conjunta desde su adquisición. El fiscal Da Cruz validó la presentación del Ministerio Público Fiscal y destacó la solidez del planteo investigativo para habilitar las medidas dictadas.
Uno de los elementos que comprometió al exmagistrado surgió de la declaración como imputado arrepentido del financista Fernando Whpei, acusado junto a Bailaque y al exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, Carlos Vaudagna, de haber diseñado maniobras extorsivas contra empresarios rosarinos para exigirles coimas a cambio de beneficios judiciales. Whpei afirmó ante PROCELAC que, en una oportunidad en la que entregó dinero a Bailaque, el entonces juez le comentó su intención de invertir en lotes. Como el financista conocía a un gerente de EDECA SA, facilitó el contacto, tras lo cual Bailaque le habría informado que concretó la compra y que la registró a nombre de su esposa.
El fiscal Argibay también resaltó un expediente clave: una causa por evasión agravada de IVA contra la empresa EDECA SA, promovida en agosto de 2018 por Vaudagna cuando era titular de la ex AFIP. Ese expediente tramitaba en el Juzgado Federal N.º 4, en ese momento bajo la órbita de Bailaque. Aunque tanto AFIP como la fiscalía habían pedido la indagatoria del gerente de la firma, el exjuez ordenó la prescripción de la acción en 2021, meses después de la operación inmobiliaria que ahora se investiga.
Otra pieza central surgió del testimonio espontáneo del gerente de EDECA SA, quien declaró haber recibido 35.000 dólares en mano de Bailaque como adelanto por el terreno, y otro monto idéntico al cerrar la compra. Ese vínculo se reforzó con peritajes al teléfono del gerente: allí se encontraron conversaciones por WhatsApp con Bailaque en 2020, incluida una reunión para recorrer el country. El análisis forense también mostró que el 23 de junio de 2020 ambas partes se reunieron ante un escribano para concretar la operación por 70.000 dólares (unos 25 millones de pesos al tipo de cambio de la época).
En la audiencia, la fiscalía exhibió además los comprobantes de impuestos y honorarios de la transacción pagados por EDECA SA, junto con documentación que expone inconsistencias en la situación patrimonial del matrimonio y la ausencia de operaciones financieras que puedan justificar el origen de los dólares utilizados.
Según plantearon los representantes del Ministerio Público Fiscal, todas estas piezas conforman un entramado que vincula al exjuez Bailaque y a su esposa con una maniobra típica de lavado: la inyección de fondos presuntamente ilícitos en una operación inmobiliaria, con el objetivo de otorgarles apariencia de legalidad. Con las medidas cautelares ya dictadas, la causa avanzará hacia nuevas etapas procesales en las que se evaluará la eventual responsabilidad penal de ambos imputados.
