El juez federal Ernesto Kreplak inició este jueves las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado, que investiga las casi 100 muertes asociadas al suministro de la sustancia adulterada. Entre los diez detenidos se encuentran el empresario Ariel García Furfaro, parte de su familia y directivos de los laboratorios involucrados en la producción.
En la lista figuran Diego y Damián García, responsables del control de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; el director general Javier Tchukran; la farmacéutica nicoleña Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, ambos directores técnicos de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente. Todos fueron detenidos tras los allanamientos en sus domicilios y aguardaban declarar esta mañana en los tribunales federales de La Plata.
La fiscal federal Laura Roteta les imputó un delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que sanciona la adulteración de sustancias medicinales cuando de ello resulta la muerte de una persona. La pena mínima es de 10 años y la máxima llega a 25 años de prisión.
Un peritaje clave del Instituto Malbrán señaló fallas estructurales en los procesos de producción, como deficiencias en el cierre y llenado de ampollas, falsedades en registros y sobrecarga horaria del personal. Estas irregularidades, según los investigadores, fueron determinantes en la contaminación de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo.
Además de los diez arrestados, hay otros siete acusados que permanecen en libertad y fueron citados a declarar. Tras las indagatorias, el juzgado tendrá diez días hábiles para definir las situaciones procesales de todos los imputados.
En paralelo, el juez Kreplak resolvió apartar a la Anmat como querellante. En términos simples, esto significa que el organismo ya no puede actuar como parte acusadora porque también está bajo investigación por sus fallas de control en los laboratorios. La fiscalía y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionaron su desempeño y señalaron incumplimientos en su tarea de contralor.
De hecho, inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) habían detectado en diciembre de 2024 “deficiencias críticas y mayores” en la planta de Ramallo, pero el organismo no clausuró de inmediato el laboratorio ni retiró preventivamente los lotes fabricados.
La investigación también analiza si existió un posible desvío de cantidad de fentanilo hacia el circuito ilegal. En ese tramo interviene la Procunar, a cargo del fiscal Diego Iglesias, mientras se procesan otras pruebas, entre ellas los análisis de teléfonos celulares y documentación secuestrada en los allanamientos.
