El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás llamó a declaración indagatoria al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, y a otros cuatro actuales y exfuncionarios de su gestión, acusados de incumplir sus deberes como funcionarios públicos y de contaminar el ambiente al permitir el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el río Paraná. Las indagatorias se realizarán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2025.
La investigación, iniciada en 2022 por el fiscal federal Matías Di Lello, detectó que la planta de tratamiento de efluentes cloacales de San Pedro está inactiva desde 1982. Esto ha provocado que los desechos cloacales sean vertidos directamente al río Paraná, afectando tanto la calidad del agua como la salud de la población. Tres estudios realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Autoridad del Agua (ADA) confirmaron niveles peligrosos de coliformes fecales y escherichia coli en los puntos de descarga.
Además del intendente Salazar, los indagados incluyen al secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; al director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; y a dos exfuncionarios: Javier Silva y Ariel Álvarez, quienes ocupaban cargos clave en 2023. Según la fiscalía, las acciones y omisiones de estos funcionarios configuran los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) y contaminación ambiental (artículo 55 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos).
Una problemática histórica
La falta de tratamiento de efluentes cloacales en San Pedro es un problema de larga data. Desde 1982, se presentaron 22 ordenanzas, 33 resoluciones y cinco comunicaciones relacionadas con la planta depuradora. Sin embargo, ninguna logró implementarse ni resolvió el problema. Estas normativas, elaboradas durante distintas gestiones municipales, evidencian un extenso historial de intentos fallidos que quedaron en el papel, mientras la planta de tratamiento seguía inactiva.
En agosto de 2023, el Concejo Deliberante emitió la resolución N°8, instando al municipio a limpiar y desinfectar el predio de la explanta depuradora y presentar un plan integral para abordar la problemática. No obstante, los avances fueron mínimos, y las conexiones ilegales de vertido siguen activas.
Un informe de la ADA concluyó que los efluentes no cumplen con las normas de calidad exigidas y alertó sobre el impacto ambiental en las áreas recreativas cercanas al puerto. A esto se suma la falta de un sistema efectivo para el tratamiento de aguas residuales, lo que agrava el problema al permitir que el sistema pluvial también descargue desechos cloacales en el río Paraná.
El juez Carlos Villafuerte Ruzo dictó medidas cautelares que ordenaban al municipio a eliminar las conexiones ilegales y acondicionar la planta existente. Sin embargo, las soluciones propuestas han sido insuficientes para abordar la magnitud del problema.
En 41 años, ninguna de las normativas aprobadas logró revertir la situación crítica del sistema cloacal en San Pedro.
Las indagatorias buscarán establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados en un caso que expone la gravedad de la contaminación y la necesidad urgente de medidas reales y sostenibles para garantizar el tratamiento de los desechos cloacales en la ciudad.
