El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario llevará a juicio al presidente y al vicepresidente de Carboquímica del Paraná S.A., acusados de contaminar de manera peligrosa el suelo, el agua y el aire en la planta ubicada en Ramallo, con impacto directo sobre bosques nativos y humedales del río Paraná. La decisión fue tomada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, del Juzgado Federal N.º 2 de San Nicolás, quien clausuró la instrucción y elevó la causa a debate tras rechazar los últimos planteos de la defensa.
La investigación se inició en 2014, a partir de denuncias de organizaciones ambientales que advirtieron sobre vertidos tóxicos al río y el entierro de residuos peligrosos en bañados costeros de dominio público. Constataciones policiales e informes oficiales fueron sumados a la causa, junto con peritajes de la Universidad Nacional de La Plata, que confirmaron la presencia de brea, creosota y benceno, sustancias altamente nocivas, algunas clasificadas como cancerígenas.
El abogado ambientalista Fabián Maggi explicó que el daño ambiental es enorme, ya que durante décadas la empresa arrojó residuos alquitranados, hidrocarburos y metales pesados al río y a lagunas ribereñas. “La empresa tuvo una conducta temeraria durante décadas, enterrando residuos y volcando líquidos al Paraná, en un área de bosques nativos”, señaló.
Maggi recordó que la planta se creó en los años setenta para tratar residuos de Somisa, pero tras la privatización en los noventa la familia que adquirió la firma nunca invirtió en mantenimiento, lo que derivó en un “declive total” y en impactos graves tanto en el ambiente como en la salud de las familias de pescadores que vivían en la zona.
El abogado también remarcó la responsabilidad del Estado en el control ambiental, al señalar que el Ministerio de Ambiente fue condenado junto a la empresa por omisiones en su deber de fiscalización.
La elevación a juicio es considerada inédita. “Es la primera vez que un caso de estas características llega a un tribunal oral federal en Rosario, pese a que la Ley de Residuos Peligrosos existe desde hace más de veinte años”, destacó Maggi.
El proceso se sustenta en el artículo 55 de la Ley 24.051 y en el artículo 200 del Código Penal, que sanciona la contaminación peligrosa para la salud pública. En el juicio se buscará establecer la culpabilidad de los directivos y, en caso de comprobarse que hubo daños a la salud o muertes vinculadas a la actividad de la empresa, las penas podrían llegar hasta 25 años de prisión.
