El sentimiento en la calle es de una injusticia absoluta: el ciudadano siente que paga impuestos de primer mundo para financiar una vidriera que el municipio no sabe -o no quiere- cuidar, salvo cuando le tocan sus propios intereses.
“No te preocupes, ¡Santi! Nos aumentás un poco los impuestos a los que seguimos colaborando y listo”, dispara con una ironía cargada de veneno un vecino, resumiendo el sentir de miles. El concepto de “nicoleño obediente” que paga y calla se está terminando. Para muchos, este tipo de hechos vandálicos terminan siendo la excusa perfecta para la próxima jugada económica de la gestión: “Es lo mejor para el municipio, con esto se reforma todo el anfiteatro y se sobrefactura, como están haciendo con todo lo que derrumban”, aseguran voces que ya no compran el discurso de la “bronca” oficial y ven detrás de cada banco roto una oportunidad de obra pública bajo sospecha.
La agilidad con la que el municipio identificó a los menores que dañaron los asientos de madera generó más indignación que alivio. “¿Por qué no identifican así de rápido a los que chorean en las casas, calles o locales?”, se preguntan en las redes y en los almacenes locales.
La sospecha de una seguridad selectiva es total: el vecino siente que las cámaras de monitoreo tienen una “visión especial” cuando se trata de cuidar el cemento municipal, pero se vuelven ciegas y lentas cuando le vacían la casa a un laburante o le roban la moto a un pibe que sale de trabajar.
El traje de “libertario de ocasión” y el pedido de baja de imputabilidad para nenes de 8 a 12 años también fue leído como una cortina industrial de humo. Muchos nicoleños ven en esto una “lavada de manos” política. “Usan un enojo para actuar políticamente en lugar de garantizar educación, escuelas dignas e inclusivas o espacios de deporte”, sostienen quienes ven que el Municipio solo aparece para castigar y no para prevenir. La contradicción es evidente: el municipio, que no dudó en intervenir en la salud aunque fuera competencia provincial, ahora se escuda en la jurisdicción para no explicar por qué la Costanera es una zona liberada a pesar de la millonaria inversión en tecnología.
“Santiago, tanto que te gusta hablar pelotud****, ¿por qué no venís a calle Aguiar así hablás con los vecinos, o no te conviene?”, desafía un ciudadano harto de los videos en vertical y la estética artificial del Instagram oficial de la Muni. El reclamo es claro: menos “plantitas” y más presencia real. Los nicoleños exigen que la prevención vuelva a las calles y que el control deje de ser un elemento decorativo del clan para convertirse en un servicio para el que paga las tasas a fin de mes.
Una ciudad no se mide por la potencia de sus luminarias LED ni por el brillo de su asfalto, sino por la tranquilidad con la que el vecino puede caminar sus calles. Hoy, en San Nicolás, el barniz de la ‘ciudad modelo’ se está descascarando. Detrás del decorado, asoma una gestión que se comporta como dueña de una estancia, más preocupada por proteger su propio mobiliario que por cuidar la integridad de los nicoleños. El modelo, basado en el marketing y la exclusión, parece haber perdido fuerzas.
