Ante el hartazgo de una comunidad que padece una ola de robos en pleno centro y niveles de violencia que ya no distinguen horarios, el intendente decidió ponerse el traje de “libertario de ocasión” y clamar por la baja de la edad de imputabilidad.
Es la técnica perfecta de la distracción: hablar de lo que debe hacer el Congreso para evitar explicar por qué San Nicolás se convirtió en una de las ciudades con los índices delictivos más altos de la Provincia en relación a su población. Es mucho más sencillo grabar un video pidiendo cárcel para menores -exponiendo incluso datos de niños de 8 años que deberían estar protegidos- tras un acto de vandalismo en el Anfiteatro, que dar la cara ante los vecinos del centro que ya no saben qué reja poner para que no les vacíen sus casas a plena luz del día.
El intendente, hoy bajo su propio sello Hechos -mientras busca desesperadamente una nueva terminal política tras sus camaleónicos saltos de bando-, se hace el olvidadizo que la seguridad de los nicoleños es su responsabilidad. Se esconde en un discurso punitivista para no rendir cuentas sobre la nula eficiencia de las cámaras de monitoreo que tanto promociona en spots de alta calidad cinematográfica.
¿De qué sirve la inversión millonaria en tecnología si los robos están a la orden del día? La respuesta es simple: para el clan Passaglia, la seguridad es un elemento decorativo, útil para el storytelling de Instagram pero ausente en la prevención real. Resulta cínico seducir a las huestes de La Libertad Avanza con consignas de “mano dura” mientras en su propio distrito el mapa del delito no para de crecer.
San Nicolás no necesita un “sheriff de redes sociales”. Necesita un intendente que gestione con planes concretos y se haga cargo de la cuota de poder que le corresponde. La seguridad no se garantiza con algoritmos ni oportunismo ideológico; se garantiza con una articulación que el municipio abandonó en favor del posicionamiento personal.
La realidad en los barrios y el centro desmiente cualquier discurso de “orden”. Los robos y hurtos son moneda corriente, mientras el Municipio se limita a señalar con el dedo hacia el jardín ajeno. El uso político de los daños en la Costanera es el ejemplo de desidia disfrazada de firmeza: usar una escalinata rota para pedir reformas penales es una desproporción malintencionada que oculta que el municipio no puede cuidar ni su patrimonio más visible.
Mientras Passaglia use los problemas locales como trampolín para su supervivencia política y su búsqueda de un nuevo “padre político”, los nicoleños seguirán siendo rehenes. Su escena de prepotencia frente a la cámara es ruido para tapar el silencio de una gestión que le soltó la mano a la seguridad hace mucho tiempo.
Los nicoleños ya no compran espejitos de colores: la inseguridad en el pueblo no se resuelve con videos en redes sociales.
