La empresa Atanor habilitará en las próximas horas un registro de salida voluntaria para los 150 trabajadores que se encuentran suspendidos desde el pasado 14 de mayo. El período de suspensiones finalizará este domingo, en medio de un clima de incertidumbre y angustia para las familias afectadas.
La producción de Atanor está paralizada desde el 20 de marzo, fecha en que la jueza Luciana Díaz Bancalari, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 3 de San Nicolás, impuso una medida cautelar tras una solicitud presentada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná. La organización demandó la interrupción de las operaciones de la planta, alegando preocupaciones sobre el impacto ambiental y la seguridad de los procesos industriales.
A pesar de que la empresa presentó diversos peritajes que demostrarían que su proceso de producción no es perjudicial para la salud de las personas ni para el medio ambiente, el fallo de la magistrada sigue sin resolverse. Esta situación ha llevado a la empresa a suspender a la totalidad de sus trabajadores el 14 de mayo, quienes han estado percibiendo el 75% de su salario durante este período.
El plan de suspensiones, que tiene vigencia hasta el 11 de agosto, fue implementado con la esperanza de que en estos tres meses la jueza Bancalari autorizara la reanudación de las operaciones o, al menos, la de los sectores no involucrados en las denuncias ambientales. Sin embargo, los tiempos judiciales no han favorecido a la empresa ni a sus empleados.
A lo largo de estos meses, Atanor ha realizado múltiples presentaciones para levantar la inhabilitación, incluyendo peritajes de organismos de control ambiental de la provincia de Buenos Aires y solicitudes para la apertura de la feria judicial. No obstante, la falta de una resolución ha llevado a la empresa a abrir un registro de retiros voluntarios, una medida que busca ofrecer una salida a los trabajadores en medio de esta situación de incertidumbre.
El próximo martes, Atanor procederá a habilitar el registro, mientras las 150 familias afectadas esperan una solución definitiva que les permita retomar sus actividades y garantizar su sustento.
