Tras el anuncio que realizó el 18 de octubre el gobierno de Santa Cruz sobre la gestión de un convenio con una empresa china para instalar una planta industrial pesquera y dar apoyo en sus puertos a la flota extranjera que opera fuera de la zona económica exclusiva argentina (ZEE), Mirko Schvartzman, especialista en pesca INDNR, elaboró un detallado informe sobre los antecedentes de la pesquera con la que se está buscando un acuerdo. Se trata de la Hongdong Fisheries Co. Ltd, segunda pesquera más importante de China ligada directamente al Partido Comunista, que tendría participación, también, en el negocio de las armas, según revela el Círculo de Políticas Ambientales.
“En 2018, el CEO de la compañía, Lan Ping Yong, fue uno de los delegados durante el Congreso Popular Nacional, el órgano con más poder de China, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino”, cuenta Schvartzman.
Hongdong Fisheries, al igual que la mayoría de las empresas chinas, goza de todos los subsidios que el país otorga a su flota (combustible, construcción del barco; equipos), lo que les permite realizar pesca en aguas lejanas a bajo costo y ser muy competitivos en los mercados internacionales. No es una novedad que los subsidios a la pesca son elementos distorsivos que promueven la pesca INDNR y la pesquera amiga del gobernador Vidal no sería la excepción,
El rastreo realizado por el autor del informe da cuenta de que el 29 de noviembre de 2017, la Fuerza de Tareas de Vigilancia Marítima y Pesquera de Indonesia detectó a dos embarcaciones de pesca ilegal chinas dentro de sus aguas; una de ellas logró escapar, pero la otra fue detenida y pertenecía a Hongdong.
“El Fu Yuan Yu 831, la embarcación detenida, no solo había ingresado 19 veces a realizar pesca ilegal a aguas territoriales indonesias, sino que también se identificaba bajo cinco países diferentes: China, Filipinas, Malasia, Singapur y Timor del Este (esta última bandera fue la que utilizaba al momento de ser detenida), a pesar de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) prohíbe que los buques tengan más de una nacionalidad”, indica el informe.
“En esa ocasión, se detectó como carga a bordo cientos de cuerpos de tiburones, entre los que se encontraban especies protegidas como el tiburón tigre”, cuenta Schvartzman y agrega que muchos de los tripulantes de distintas nacionalidades no contaban con documentación a bordo.
El otro caso sucedió en Sudáfrica el 22 de mayo de 2016, cuando tres embarcaciones pesqueras fueron detectadas dentro de su ZEE, dos de ellas de nacionalidad china: Fu Yuan Yu 7880 y Fu Yuan Yu 7881, propiedad de Honglong Fisheries. “Luego de aquel incidente en 2016 y hasta hoy, ambas embarcaciones han estado operando todos los años en aguas internacionales del Atlántico Sur frente a las costas de la Argentina”, revela el informe.
La empresa a la que le está abriendo los brazos Argentina no solo tiene antecedentes de pesca ilegal, lo que por legislación la dejaría fuera de cualquier acuerdo pesquero para operar en nuestro país, sino que según revela este informe, también habría ingresado ilegalmente a nuestro mar.
“Entre 2017 y 2019, los Fu Yuan Yu 7880 y 7881, de Hongdong Fisheries, desactivaron de forma frecuente su AIS durante sus operaciones en el Atlántico Sur al borde de la ZEE de Argentina. Schvartzman asegura que el 24 de febrero de 2019 el Fu Yuan Yu 7881 realizó dos ingresos de pesca ilegal en aguas de jurisdicción nacional argentina a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, desplazándose en uno de los ingresos hasta 1 km dentro de la ZEE Argentina”, aseguran.
Aclara Schvartzman que los datos utilizados para determinar la localización precisa de la ZEE Argentina no los tomó de Global Fishing Watch (GFW) que tienen un importante margen de error, sino que se trata de los límites oficiales provistos por el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina.
Las denuncias sobre la empresa no se limitan a la pesca ilegal, lo que resulta ya suficiente, sino que en concordancia con el estereotipo de la flota que realiza pesca INDNR, también está denunciada por violación a los derechos humanos.
“En junio de 2020, el mismo Fu Yuan Yu 7881 fue acusado del abandono de 24 tripulantes filipinos en China durante tres meses. Los trabajadores afirmaron que no les daban comida suficiente y que tenían que beber agua oxidada. En el rescate tuvo que intervenir el gobierno de su país de origen”, se denuncia en el informe.
Otro dato inquietante que aporta el informe es que Hongdong estaría además vinculada al negocio de las armas, lo que unido a una flota de 161 barcos que realiza pesca INDNR, la dejaría bajo sospecha de realizar uno los negocios más turbios del mundo: “Diferentes fuentes señalan a Hongdong Fisheries Co. Ltd. como una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp. En el acuerdo que firmaron con el gobierno de Mauritania figuran como Poly Hongdong Pelagic Fishery Co. Ltd”.
“Más allá de los antecedentes de Hongdong Fisheries Co. Ltd. en particular, la flota pesquera china es reconocida por la ilegalidad de sus operaciones, el daño al ecosistema marino del Atlántico Sur y del Mar Argentino, el impacto negativo en el empleo y las economías locales, los abusos a los derechos humanos de sus tripulaciones, y la amenaza a la seguridad de la navegación. No es recomendable que el gobierno nacional y/o los gobiernos provinciales habiliten ningún puerto en nuestro territorio que brinde servicios a flotas de pesca INDNR chinas o de cualquier otra bandera con antecedentes de pesca INDNR ya que esto tendrá consecuencias más negativas aún en las provincias que cuentan con esta actividad”, concluye el informe.
A los antecedentes de ilegalidad que presenta el Circulo de Politicas Ambientales puede sumarse, además, la legislación que un acuerdo de este tipo y con esta clase de empresas estaría violando, según informó el profesor Cesar Lerena, que durante el fin de semana también dedicó uno de sus escritos al memorándum de entendimiento entre el gobierno de Santa Cruz y Hongdong.
“Una iniciativa de esta naturaleza atentaría contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria, social y la defensa nacional, siendo inconstitucional porque requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de los arts. 4º; 5; 21º a 23º, 27º bis y 37º de la Ley 24.922 y, el art. 6º de la Ley 24.093 de actividades portuarias y su aplicación dañaría el medio ambiente violando la Ley 25.675 al promover facilidades a quienes pescan ilegalmente afectando el ecosistema marino y la sostenibilidad de los recursos pesqueros; que, en el caso de la pesca en Malvinas se agregaría la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas”, puntualizó Lerena.
Nadie puede estar en desacuerdo con la generación de convenios bilaterales que promuevan el desarrollo de las ciudades portuarias y generen trabajo, pero sería irresponsable y poco inteligente hacerlo a cualquier costo o bajo cualquier condición. A nuestras empresas se les exige transparencia y cumplimiento estricto de las leyes. Esta empresa en cuestión ya contaría con antecedentes suficientes para descartar todo acuerdo.
