La reconexión del servicio eléctrico en Plaza Natta, restablecido el sábado tras una medida cautelar presentada por vecinos de General Rojo, mantiene abierto el conflicto entre la Cooperativa Eléctrica, el municipio de San Nicolás y la Justicia. Mientras el Ejecutivo debe informar qué motivó la orden de corte del suministro, una de las abogadas patrocinantes, Vanesa Vargas, analizó la situación en declaraciones a La Primera Mañana.
Vargas señaló que los representantes legales aún no pudieron acceder a la resolución que habría dispuesto la interrupción del servicio. “No pudimos acceder a esa resolución”, afirmó, y agregó: “Supongo que vamos a poder cuando la cooperativa la acompañe después de la convocatoria que le ha hecho el Poder Judicial”, para que, al igual que el Ejecutivo municipal, exponga los fundamentos que derivaron en el cese del suministro.
La abogada remarcó la necesidad de conocer con precisión los motivos: “Tenemos que conocer cuál es el motivo por el cual se llevó adelante esta acción. Puede ser una acción intencionada —ahí, por supuesto, podría incurrir en un delito penal de incumplimiento de obligaciones de funcionario público—, o puede ser una acción negligente, que no deja de ser peligrosa”. En esa línea, advirtió que la falta de diligencia “es un problema cuando hay derechos en riesgo de los vecinos, como bien lo dijo la resolución: derechos a la seguridad física, derechos a la vida, derechos a la propiedad privada”.
Aunque aclaró su rol profesional, también recordó que el conflicto por la plaza comenzó el año pasado y que se realizaron gestiones para que el oficialismo mantuviera un diálogo con los habitantes del pueblo. “Tuvimos un montón de diálogo con el oficialismo para pedirles que, por favor, se sienten a hablar con esos vecinos, que lo que necesitaban era respuesta del intendente o de algún funcionario”, subrayó. Según indicó, las conversaciones se dieron “un montón de veces con Daniel Luchelli en el Concejo Deliberante”.
Vargas enfatizó que el objetivo no era obtener rédito partidario: “No era nuestra intención hacer un capital político de un reclamo colectivo, en absoluto”. Sin embargo, cuestionó la respuesta oficial: “Le mandaron patotas a la madrugada para que vayan por todo. Esa fue la respuesta”, expresó al recordar cómo —incluso— Ángel, un jubilado de General Rojo, fue golpeado y lastimado por uno de los trabajadores tercerizados enviados por la Municipalidad para desarmar la plaza en horas nocturnas.
Durante su trabajo con los residentes de Rojo, afirmó haber observado cierto desencanto hacia el gobierno municipal: “Yo notaba como una decepción en muchos de los vecinos y vecinas respecto del intendente. Y uno se decepciona de alguien cuando confió primero en esa persona”, sostuvo, al afirmar que las gestiones para abrir un canal de diálogo no tuvieron respuesta.
La abogada aseguró que continuarán acompañando el reclamo: “¿Vamos a dejar de escuchar a los vecinos? Absolutamente no, bajo ningún punto de vista. Estamos para eso”. En ese sentido, destacó que el espacio al que pertenece mantiene desde hace años asistencia jurídica comunitaria. “Nosotros, con el Partido Socialista en particular, venimos hace muchos años haciendo un consultorio jurídico gratuito; es parte de nuestra militancia, yo no niego mi militancia”, expresó.
Por el momento, la causa sigue su curso a la espera de que tanto la Cooperativa Eléctrica de General Rojo como el municipio de San Nicolás presenten ante la Justicia los fundamentos que llevaron a la interrupción del suministro en Plaza Natta.
