Lo que el Ejecutivo nicoleño denomina “puesta en valor”, la Justicia lo mira con sospecha de ilegalidad. Tras el rechazo inicial en primera instancia, la Cámara de Apelaciones admitió el recurso presentado para detener el movimiento de suelos en una zona que cuenta con la protección máxima de la Suprema Corte de la Provincia. ¿Desobediencia o gestión? El debate que envuelve a Santiago Passaglia.
La historia de la Costanera de San Nicolás suma un nuevo y tenso capítulo judicial. El conflicto, que parecía saldado con las restricciones impuestas por el máximo tribunal bonaerense, se reavivó tras el inicio de nuevas tareas de relleno en el sector ribereño. Esta semana, el escenario cambió: la Cámara de Apelaciones decidió admitir el recurso de queja presentado por el abogado Gabriel Godoy, abriendo la puerta a una revisión que podría paralizar, una vez más, las máquinas municipales.
El antecedente que el municipio ignora
Para entender la gravedad del hecho, es necesario retroceder en el tiempo. La zona en cuestión no es un terreno baldío cualquiera; es un área protegida por una Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Aquel fallo no solo ordenó detener las obras de pavimentación y modificación del ecosistema costero, sino que además aplicó una multa millonaria contra el Intendente por haber desoído las órdenes judiciales previas.
Sin embargo, a pesar de este “cepo judicial”, el municipio arremetió nuevamente con tareas de relleno. Según la denuncia impulsada por el letrado Gabriel Godoy, esta acción no solo vulnera el medio ambiente, sino que constituye una serie de delitos penales que recaen sobre la figura de Santiago Passaglia: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia a una medida judicial.
¿Por qué el relleno es una amenaza ambiental?
El interrogante técnico es clave: ¿Por qué no se puede rellenar la costanera? Los especialistas en humedales y geología ribereña advierten que el volcado de escombros y tierra foránea sobre la costa altera drásticamente el ciclo de absorción del suelo. Al elevar la cota de forma artificial, se destruye la vegetación nativa y se eliminan los “pulmones” naturales que amortiguan las crecidas del río Paraná.
Además, el relleno compactado impide que el agua filtre hacia las napas, transformando una zona de biodiversidad en una plataforma de cemento o tierra muerta. Lo paradójico, como señala la denuncia, es que el municipio ya había invertido cifras astronómicas de los contribuyentes para “poner en valor” ese mismo sector hace apenas meses. Hoy, ese dinero parece enterrado bajo nuevas capas de escombros.
El camino judicial: Del rechazo a la esperanza
En una primera instancia, el Juez Prati había rechazado la medida cautelar que buscaba frenar el relleno. En sus fundamentos, el magistrado apeló a criterios restrictivos, sosteniendo que los actos administrativos estatales gozan de una “presunción de legitimidad”. Sin embargo, la Cámara no compartió este automatismo y decidió que los elementos presentados son lo suficientemente sólidos como para, al menos, estudiar el fondo del asunto.
Ahora, los jueces de alzada deberán determinar si Santiago Passaglia volvió a cruzar la línea roja trazada por la Corte Provincial. Si la Cámara falla a favor de la cautelar, el municipio enfrentará un revés político y judicial de proporciones, dejando al descubierto una gestión que parece preferir pedir perdón antes que pedir permiso, incluso cuando la ley ya le ha dicho que “no”.
En San Nicolás, el paisaje costero sigue siendo el botín de una guerra silenciosa entre un modelo de ciudad que prioriza la estética del relleno y un marco legal que busca proteger lo que queda de nuestro ecosistema natural.
