La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió dar un paso al frente y llevar al Poder Ejecutivo a la Justicia. El Consejo Superior aprobó por unanimidad una resolución para iniciar acciones judiciales que obliguen al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, pero suspendida hasta que el Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
La medida fue adoptada en la sesión del 22 de octubre de 2025, luego de semanas de reclamos por parte del sistema universitario ante la falta de fondos. En su resolución, la UBA advirtió que “el decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto también remarcó que “esta decisión vulnera derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario ni a la recomposición salarial establecidos en la mencionada ley”.
El expediente instruyó al rector de la universidad a avanzar con las acciones judiciales pertinentes y comunicar la medida a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes. La decisión fue acompañada por la totalidad de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.
Desde el Consejo Superior señalaron que la situación económica de las universidades nacionales es crítica. “Esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores docentes y nodocentes”, sostuvieron.
Durante los últimos meses, la UBA declaró la emergencia salarial y presupuestaria, en un contexto donde las prórrogas del presupuesto 2023 quedaron completamente desfasadas frente a la inflación. Según la casa de estudios, los salarios docentes y nodocentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo en 2024, y durante 2025 la recomposición fue muy por debajo de la inflación oficial.
En ese marco, el Consejo destacó que la Ley 27.795 busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento universitario en todo el país, además de recomponer los ingresos del personal docente y no docente. “Su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”, se enfatiza en los considerandos.
La norma también prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas, con el objetivo de sostener el funcionamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, con la suspensión de la aplicación, esos recursos permanecen sin asignar.
En un tono más duro, el Consejo Superior advirtió que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
El órgano de gobierno de la UBA, compuesto por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los tres claustros, insistió en que el cumplimiento de la ley es fundamental para preservar la educación pública y la institucionalidad democrática del país.
La polémica se da luego de que el Gobierno nacional promulgara, pero suspendiera, tanto la Ley 27.795 (de financiamiento universitario) como la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica. Ambas medidas fueron oficializadas a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la decisión se tomó por el impacto fiscal que implicaría su puesta en marcha.
Hace apenas un mes, el Gobierno había hecho lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una decisión que también generó rechazo entre organizaciones sociales y legisladores opositores.
Fuente: Con información de Data Clave
