En un esfuerzo por proteger a los consumidores y asegurar la integridad del mercado inmobiliario, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Nicolás intensificó su control sobre las franquicias inmobiliarias, muchas de las cuales operan al margen de la ley.
La institución alertó sobre la importancia de verificar que los corredores inmobiliarios estén matriculados y debidamente habilitados para evitar riesgos en las operaciones de compra y venta de inmuebles. “La comunidad debe ser consciente de los peligros de contratar servicios inmobiliarios sin respaldo legal. Nuestro equipo está disponible para atender denuncias y ofrecer asesoramiento”, expresaron desde el Colegio.
Recientemente, se creó un consejo de fiscalización que ha recibido numerosas denuncias sobre contrataciones irregulares, lo que llevó a la emisión de 30 sentencias firmes en la provincia, declarando ilegales varias franquicias inmobiliarias. “Estas actividades no solo infringen la ley, sino que también comprometen la seguridad patrimonial de las personas”, añadieron.
El Colegio también destacó su apoyo a un proyecto de ley presentado en mayo por el diputado Rubén Eslaiman, que busca reformar la Ley Nº 10.973. Esta modificación pretende prohibir que los martilleros y corredores públicos actúen bajo franquicias comerciales, cerrando un vacío legal que ha permitido que empresas como Remax y Century 21 operen fuera del marco normativo.
En un contexto de creciente incertidumbre económica y dificultades en el mercado inmobiliario, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos reafirma su compromiso de salvaguardar tanto la profesión como los derechos de los consumidores.
