El desarrollo urbanístico del Procrear que se construía en un predio lindero al barrio Ayres del Sur fue reasignado al Ministerio de Seguridad de la Nación. Se trata de 306 viviendas inconclusas que pasarán a ser destinadas a agentes de las Fuerzas Federales, en el marco del nuevo plan de redistribución de inmuebles estatales impulsado por el Gobierno nacional.
La ministra Patricia Bullrich confirmó la decisión durante un acto oficial en Avellaneda, donde detalló que la entrega de viviendas a personal de seguridad se realizará en distintas localidades del país, entre ellas San Nicolás, Ezeiza, Morón, San Miguel, San Martín y Avellaneda. También se contemplan entregas en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego.
La reasignación se enmarca en la eliminación del programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos y desarrollos urbanísticos. Según informó el Gobierno, unas 17.000 viviendas en todo el país que no fueron finalizadas ni asignadas serán subastadas o destinadas a personal de seguridad. En los casos donde ya había créditos adjudicados, se mantendrán los compromisos vigentes. En el caso de San Nicolás, no existían adjudicatarios previos ni préstamos activos sobre las unidades afectadas.
El desarrollo había comenzado en abril de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, con proyecciones de más de 380 empleos directos y otros 500 indirectos. Las obras fueron adjudicadas a las empresas Epreco SRL y Sanimat SA, pero el avance se redujo drásticamente a fines de diciembre de 2023. En febrero de 2024, la construcción fue paralizada por completo, quedando solo 31 trabajadores en actividad.
Esta política se inscribe en el proceso de revisión de fondos fiduciarios que lleva adelante el Ejecutivo. Según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni, también fueron eliminados el Foncap, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Progresar y el Fondo de Protección Ambiental. Estas medidas se apoyan en el artículo 5 de la Ley Bases, que faculta al Gobierno a modificar o disolver este tipo de instrumentos. El decreto 215/24, además, otorgó al ministro Luis Caputo el control de esos recursos y dispuso una auditoría conjunta con la Sigen para revisar su administración.
Con esta decisión, el desarrollo urbanístico de San Nicolás queda incorporado al nuevo esquema de asignación estatal orientado al personal de seguridad federal.
