A pesar de que transcurrieron tres años desde la decisión de Manuel Passaglia -cuando aún era Intendente-, en la actualidad la disputa política del oficialismo nicoleño con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue generando sus complicaciones.
Como parte del último informe elevado, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires analizó distintos factores del Ejercicio 2024 de la Municipalidad de San Nicolás, un período que también fue terreno de ilegalidades y pérdidas para la utilización del presupuesto. Entre las diferentes aristas que provocaron sanciones por parte del organismo bonaerense, la situación entre la obra social estatal y el intento de los hermanos Passaglia de llevar a los trabajadores municipales hacia una firma privada vuelve a resaltar.
Capricho
En el marco de una decisión con pocos argumentos que se fueron diluyendo con el tiempo, la elección del oficialismo nicoleño de afrontar esta cruzada política parece quedar sostenida a un anhelo más de vinculación con firmas privadas. Incluso, debido a las multas que se fueron sumando por parte de las autoridades provinciales, el Municipio intentó una maniobra de disuasión intentando esquivar las infracciones.
Concretamente, desde el Ejecutivo sostuvieron la sanción de la Ordenanza Nº 10.592 que según explicaron en su momento -mayo 2024- buscaba volver a la obligatoriedad de IOMA para toda la planta municipal. Todo esto ocurrido luego de los perjuicios que sufrieron los trabajadores mientras discutían por ideología sus representantes.
Millones a pagar
A raíz de todo lo acontecido, el último informe resalta la multa que se impuso sobre el patrimonio de Santiago Passaglia con una suma que asciende a $23.994.618. Esto se suma a los $240.000 que le fueron impuestos hace dos años, mismo momento en el que Manuel Passaglia se vio afectado por un monto de $400.000.
Por otro lado, también el Honorable Concejo Deliberante se vio afectado por la aprobación del proyecto impulsado en 2023 que desató la polémica. En detalle, el organismo provincial dispuso una multa de $240.000 para cada uno de los concejales oficialistas que votaron la medida, un total de $2.880.000 repartidos entre los doce ediles que alzaron su mano para dar visto bueno a esta medida el 3 de marzo de 2023.
Como suele suceder cuando se trata de los errores del Municipio, estas sanciones nunca fueron comunicadas públicamente a pesar de que el dinero que se gesta tanto en la Intendencia como en las bancadas legislativas surge del aporte de los miles de contribuyentes que siguen haciendo frente a las decisiones sin rumbo de sus gobernantes.
