El nuevo informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda para el oficialismo de San Nicolás: la administración de los recursos públicos bajo el passaglismo no solo presenta irregularidades, sino que evidencia un patrón sostenido de opacidad.
No se trata de un error aislado ni de una desprolijidad administrativa menor. Las sanciones por más de 36 millones de pesos en el ejercicio 2024 confirman que las prácticas observadas ya forman parte de una lógica de gestión. Una lógica donde el cumplimiento de la normativa parece ser una variable secundaria frente a la discrecionalidad política.
El dato no es solo económico, es institucional. Porque cuando un organismo de control sanciona reiteradamente a una gestión, lo que está en discusión no es un expediente, sino la forma en que se concibe el Estado. Y en San Nicolás, esa concepción parece haber quedado reducida a una administración cerrada, con escasos niveles de rendición de cuentas y una preocupante resistencia a la transparencia.
El caso “SantIA” es, quizás, el ejemplo más claro de esta dinámica: 27 contrataciones directas con una misma firma, sin que exista información pública sobre el costo total del servicio. No hay explicaciones oficiales, no hay detalles, no hay números. Solo silencio. Y en la gestión pública, el silencio no es neutral: es una forma de ocultamiento.
La frase que surge del propio análisis técnico es contundente: “No hay información pública clara sobre cuánto costó SantIA ni bajo qué condiciones se realizaron las contrataciones”. No es una denuncia política ni una interpretación periodística. Es la constatación de una práctica que se repite y que vulnera el principio básico de cualquier administración democrática: la publicidad de los actos de gobierno.
Pero SantIA no es un caso solitario. El conflicto con IOMA vuelve a demostrar cómo decisiones políticas adoptadas sin el debido sustento terminan teniendo consecuencias económicas concretas. Multas millonarias que no surgen de una persecución, sino del incumplimiento de normas. Y lo más grave: esas sanciones no afectan a una estructura abstracta, sino que se traducen en recursos que podrían haberse destinado a mejorar la vida de los vecinos.
El cuadro se completa con un dato que sintetiza la escala de prioridades: más de 2.199 millones de pesos del Fondo Educativo sin ejecutar, mientras se destinan alrededor de 35 millones a publicidad y branding oficialista. No es falta de recursos, es decisión política. Es elegir qué mostrar y qué postergar.
El problema no es solo cómo se gasta, sino también cómo se evita explicar ese gasto. Las contrataciones directas, utilizadas de manera sistemática, limitan la competencia, reducen los controles y consolidan un esquema donde la discrecionalidad reemplaza a la transparencia. No hay licitaciones, no hay comparaciones, no hay debate. Hay decisiones cerradas que se toman lejos de la mirada pública.
En este contexto, la continuidad entre las gestiones de Manuel y Santiago Passaglia deja de ser un dato anecdótico para convertirse en un elemento central del análisis. No hay ruptura ni corrección de rumbo. Hay continuidad en las formas y en los resultados. Y esos resultados hoy se traducen en multas, observaciones y un creciente cuestionamiento institucional.
El passaglismo quizás construyó un modelo de gestión a fuerza de pauta en términos de comunicación, pero cada vez más cuestionado en términos de control. Mucho relato, poca información. Mucha exposición, poca rendición de cuentas. Una lógica donde se invierten millones en mostrar, pero no en explicar.
El problema es que la falta de transparencia no es inocua. Deteriora la confianza, debilita las instituciones y, en última instancia, impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Porque detrás de cada peso mal administrado hay una necesidad insatisfecha, una obra que no se hace, un servicio que no mejora.
San Nicolás no está frente a un desajuste administrativo: está atrapado en un esquema donde la oscuridad no es la excepción, sino la regla. Y cuando la falta de transparencia se vuelve política de Estado, ya no se trata de corregir errores, sino de asumir responsabilidades. Porque si nada cambia, lo que se consolida no es una gestión: es un sistema que hace de la falta de transparencia su estilo de vida y del silencio su principal herramienta.
