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No se presentaron a declarar los acusados por la muerte del obispo Ponce de León

Las indagatorias a Omar Andrada, Sergio Bottini y Luis Antonio Martínez no pudieron concretarse: dos alegaron problemas de salud y el tercero no fue notificado. Están señalados por su presunta participación en un atentado ocurrido en 1977, presentado entonces como un accidente de tránsito

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El juez federal Carlos Vera Barros había citado a declarar este martes a Omar Andrada, Sergio Carlos Bottini y Luis Antonio Martínez, imputados por la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9. Sin embargo, las audiencias no se concretaron: dos de los acusados alegaron problemas de salud y en el tercer caso no pudo completarse la notificación judicial.

La causa investiga si la muerte de Ponce de León fue un atentado planificado durante la última dictadura militar, luego de que en 1978 se la presentara como un accidente de tránsito. En 2023, aquella sentencia fue anulada tras acreditarse que el obispo había denunciado en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina.

Las imputaciones son de peso:

  • Omar Andrada, exjefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, había catalogado al obispo como “oponente” y documentos secretos lo señalaban como el principal respaldo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

  • Sergio Carlos Bottini era directivo de Agropolo SA y titular de la camioneta Ford F-100 que colisionó con el Renault 4S en el que viajaba Ponce de León. La firma tenía sede lindera al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en Buenos Aires.

  • Luis Antonio Martínez declaró que viajaba con Bottini “por razones comerciales” de esa empresa, lo que lo ubicó directamente en el vehículo.

El 27 de agosto pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había hecho lugar al recurso de la Fiscalía Federal de San Nicolás y ordenó las indagatorias, al considerar que existía un caudal probatorio suficiente y determinante. Con esa decisión, quedó sin efecto la resolución del entonces juez federal Marcelo Bailaque, quien había denegado el llamado a declarar y lo había supeditado a nuevas pruebas.

Con la suspensión de estas audiencias, la investigación permanece abierta a la espera de una nueva convocatoria que permita avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más oscuros de la dictadura en la región.

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