El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, sumó una nueva acusación en el marco de la causa por la cual permanece bajo arresto domiciliario desde mayo pasado. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) le atribuyeron los delitos de dádivas y lavado de activos, tras detectar el cobro de alquileres por $5.719.194 a través de una mutual vinculada al financista rosarino Fernando Whpei.
Según la imputación, los pagos se realizaron entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando Bailaque aún estaba al frente del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario. Los fondos ingresaron a través de Siempre Joven Asociación Mutual, con domicilio en Wilde (Buenos Aires), una entidad relacionada con Whpei y sus empresas Grupo Unión S.A. y Lancers S.A.
El fiscal de PROCELAC, Juan Argibay Molina, sostuvo que el dinero se disimuló mediante un contrato de locación de un inmueble del exjuez en Caleta Olivia, Santa Cruz, aunque en realidad se trataba de beneficios económicos indebidos:
“La entrega y recepción del dinero correspondiente a las dádivas se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble”, explicó.
De acuerdo con la investigación, la mutual Siempre Joven nunca tuvo sede en Santa Cruz y cedió gratuitamente la propiedad a otra entidad, Mutual 12 de Septiembre, a pesar de que el contrato prohibía la sublocación. Esta organización la ocupó hasta mayo de 2023, aunque los pagos continuaron hasta enero de 2025. Para la fiscalía, el alquiler careció de causa real y solo funcionó como un vehículo para transferir dinero a Bailaque en su carácter de magistrado.
Los registros bancarios indican depósitos en la cuenta de Bailaque en el Banco Patagonia por montos crecientes: $258.000 en 2019; $348.000 en 2020; $468.000 en 2021; $660.000 en 2022; $924.000 en 2023; $2.600.597 en 2024 y $460.597 en enero de 2025. Paralelamente, el exjuez emitió facturas por $5.145.722, cifra corroborada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con lavado de activos agravado por habitualidad.
En la audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, Bailaque negó las acusaciones y argumentó que el inmueble involucrado pertenece al patrimonio familiar, recibido por su cónyuge como honorarios profesionales antes de su designación como juez.
No obstante, el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz prorrogó su prisión domiciliaria por 180 días más, hasta el 23 de marzo de 2026, y amplió el embargo sobre sus bienes de 600 a 685 millones de pesos.
La resolución también incluyó la extensión de la prisión domiciliaria de Gabriel Mizzau, excontador del exjuez, hasta el 10 de noviembre de 2025. Mizzau es investigado por posibles maniobras de lavado de activos y vínculos con empresas ligadas a Esteban Alvarado, condenado por liderar una organización narcocriminal en Rosario.
El fiscal general de PROCELAC, Diego Velasco, advirtió que aún resta peritar pruebas clave, como el contenido del celular de Bailaque, que sigue inaccesible. También recordó que fueron secuestrados 58 dispositivos electrónicos, de los cuales ya se logró la extracción forense de 40.
Al rechazar los planteos de las defensas, el juez Da Cruz consideró la complejidad del caso, la expectativa de pena y los riesgos procesales, y dio por formalizada la ampliación de la imputación solicitada por la fiscalía.
De esta forma, el expediente contra el exjuez —quien dictó la falta de mérito en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra los Passaglia— avanza con nuevas imputaciones y un escenario judicial que se agrava a medida que aparecen más pruebas documentales y financieras.
