Subsidio provincial y conflicto abierto
El gobernador Gustavo Valdés dispuso que cada empleado reciba $250.000 mensuales durante dos meses, además de diferimientos en el pago de tarjetas de crédito del Banco de Corrientes. La medida busca contener la situación social frente a un conflicto que ya derivó en acampe y bloqueo de accesos a la planta por tiempo indeterminado.
Pese a este auxilio, los trabajadores advirtieron que el subsidio es apenas “un paliativo” y reclaman la normalización de la actividad. La compañía aún mantiene deudas salariales correspondientes a junio, el medio aguinaldo y sueldos posteriores, mientras arrastra denuncias por falta de aportes previsionales y seguros.
Un espejo de la crisis del grupo
Tapebicuá no es un caso aislado: forma parte del Grupo Celulosa Argentina, que enfrenta uno de los peores momentos de su historia. La controlante acumula pérdidas por $38.769 millones en los nueve meses cerrados a febrero de 2025 y un desplome del 44% en su facturación. La caída se explica por la fuerte retracción de la demanda local, las ventas internas cayeron 32% en toneladas, y el aumento de costos en dólares, que no pudieron trasladarse a precios.
En paralelo, la forestal correntina redujo a la mitad su nivel de facturación: $14.837 millones frente a los $28.922 millones del año anterior, lo que refleja la parálisis de la construcción y el freno del consumo. La situación se suma a la parada técnica y posterior freno de producción en las plantas de papel de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires), que completan un cuadro de crisis estructural para todo el grupo.
Incertidumbre sobre el futuro
El colapso de Tapebicuá se vincula además a las medidas macroeconómicas: la apertura de importaciones, la caída de la construcción y el consumo interno golpearon de lleno a la foresto-industria. El sindicato denunció que el Ministerio de Industria provincial rechazó el procedimiento de crisis que la firma había solicitado para suspender personal con aval oficial.
Mientras tanto, Celulosa Argentina sigue sin cerrar su propuesta de reestructuración de deuda por u$s128 millones y enfrenta un pedido de quiebra en la Justicia santafesina. En este contexto, la continuidad operativa de Tapebicuá y de las demás unidades del grupo queda bajo seria amenaza.
Los trabajadores advierten que no aceptarán recortes de personal ni pagos reducidos y mantienen su acampe bajo la lluvia en Virasoro. El futuro inmediato de la empresa dependerá tanto de un eventual acuerdo financiero del holding como de definiciones políticas que eviten un despido masivo en una de las principales compañías forestales del país.
Fuente: Con información de Ámbito
