El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires desaprobó el pago de una bonificación extraordinaria a concejales correspondiente al Ejercicio 2024 y estableció un cargo solidario superior a los $12.000.000 contra funcionarios municipales, entre ellos el intendente Santiago Passaglia.
La medida se originó a partir del Decreto Nº 1726, firmado el 27 de septiembre de 2024, mediante el cual el Ejecutivo dispuso una gratificación de $1.000.000 para el personal municipal, a abonarse en cuatro cuotas. Sin embargo, la auditoría detectó que el beneficio fue extendido a 12 concejales, lo que generó pagos por $3.250.000 considerados indebidos.
Ante la intimación del organismo de control, Passaglia y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Luchelli, presentaron un descargo en el que defendieron la medida con base en la autonomía municipal, al sostener que se trataba de un reconocimiento al desempeño y un incentivo para la función legislativa.
El organismo rechazó esos argumentos y concluyó que la decisión vulneró el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al considerar que el régimen de retribuciones de los concejales es cerrado y taxativo, limitado a dieta, antigüedad y aguinaldo.
Además, el Tribunal descartó la equiparación entre concejales y empleados municipales y remarcó que los ediles son funcionarios electos, por lo que no pueden percibir beneficios salariales previstos para el personal de planta.
En uno de los puntos más críticos del dictamen, el organismo cuestionó el uso de incentivos económicos en la función legislativa y señaló que el desempeño de un concejal constituye una obligación inherente al cargo, por lo que no corresponde su retribución mediante adicionales.
El fallo también aclara que el cargo solidario no alcanza a los concejales que percibieron el bono, sino a los funcionarios que autorizaron y ejecutaron el pago. En ese marco, se dispuso un monto de $12.182.126,70, que incluye los valores abonados y los intereses.
Deberán responder por esa suma Santiago Passaglia, Daniel Luchelli, la contadora municipal Sasha Selzer y otros funcionarios de las áreas de Hacienda y Personal.
El caso abre un nuevo frente administrativo para la gestión local – que se presenta como la más austera en el ámbito del HCD – al cuestionar tanto la legalidad del gasto como los criterios utilizados para justificarlo.
