Los fiscales federales pidieron este viernes al Consejo de la Magistratura de la Nación que informe las causas que tomó el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y si tenía asignado un teléfono en forma oficial, entre otras medidas de pruebas, en la causa en que se investiga supuestos vínculos del magistrado con el narcotráfico, informaron fuentes oficiales.
Antes un pedido de Diego Velasco, fiscal general, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y Juan Argibay Molina, fiscal coadyuvante de la Delegación Rosario de esa Procuraduría, la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, ordenó que se le de toda esa documentación a los fiscales.
Los pedidos trascendieron luego de los allanamientos realizados el jueves en el juzgado de Bailaque en los tribunales de Rosario para investigar el alcance de su vínculo con el contador Gabriel Mizzau, quien también asesoraba al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Se busca determinar si Bailaque tomó medidas para retrasar o favorecer a Alvarado. Este es el enemigo de la banda de “Los Monos” en la interna narco de Santa Fe.
Los fiscales pidieron saber los ingresos a través del sistema Lex100 de la justicia federal en un expediente por narcotráfico desde la creación de la causa, informaron fuentes judiciales.
También si la Magistratura asignó un celular al juez de Rosario y se informe desde el 2019 la cantidad de casos que Bailique delegó a los fiscales de su distrito.
En un comunicado de la Procuración General de la Nación, por otra parte, se informó que se tomaron ciertas medidas de prueba “en el caso 215951/2024, que se inició el 1° de octubre pasado, conforme a lo prescripto por el artículo 247 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y a lo dispuesto en la Resolución PGN N°914/12, y se relaciona con el trámite de un expediente judicial correspondiente del registro del Juzgado Federal N°4 de Rosario”. Es decir que se usa el nuevo sistema acusatorio.
La investigación se lleva adelante con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
Además, se informó que el jueves “se han llevado adelante una serie de procedimientos, los que fueron ordenados por el juez de garantías interviniente, a partir de la solicitud del Ministerio Público Fiscal en el contexto de audiencias unilaterales dada la confidencialidad que establece CPPF”.
“Es así que en el día de la fecha se realizó la requisa personal de distintas personas físicas quienes también fueron notificados de acuerdo al artículo 253 del CPPF. Dichas medidas se llevaron a cabo exitosamente obteniéndose el secuestro de elementos de interés que se han resguardado para ser sometidos con posterioridad a su análisis en relación al objeto de la investigación preliminar.”, añadió el comunicado del organismo que dirige Eduardo Casal.
La semana pasada, declaró ante el Consejo de la Magistratura la diputada provincial del socialismo Santa Fe Lionella Cattalini en el expediente que tramita la denuncia contra el juez Bailaque.
Catallini recordó que “hay una causa madre de 2013 donde la justicia federal comienza a investigar a Medina y Alvarado. Cuando llega al juzgado de Bailaque tuvo movimientos. El fiscal Lencina acreditó 14 informes donde había mucha información. Pidió que se intervengan 3 teléfonos, de la ex pareja de Medina, el hermano de Alvarado y de Brites”.
Pero Bailaque “denegó las intervenciones telefónicas, ante el pedido reiterado 3 veces de Lencina. Las admite 11 meses después cuando las circunstancias habían cambiado y Medina había fallecido. De 2016 a 2019 estuvo parada, Bailaque no le dio impulso, denegó informes y no utilizó escuchas. Durante 3 años estuvo la causa del principal narco de la provincia totalmente frenada”.
Catalini dijo en su exposición que “se constató que la empresa “Santino” tenía balances firmados por un contador -Gabriel Mizzau- que además había pedido la habilitación de la otra empresa. De la sentencia de condena de Alvarado, surge que 3 jueces dicen que había que mandar este expediente al Consejo porque eran notorias las irregularidades de Bailaque en la tramitación. Bailaque intenta defenderse, después de tener 3 años la causa parada y Alvarado detenido, a fin de 2019 y un año después Bailaque dice que actúa contra Alvarado y lo acusa a 15 años de prisión por el transporte de marihuana. Del lavado de dinero y la red criminal no dice nada”.
En Rosario en 2022 “se llegó a un pico de homicidios que superó una tasa del 22 por ciento mientras las bandas criminales se peleaban por el territorio. El amigo de Alvarado declaró que mientras se disputaban en el territorio se mataron más de 100 personas. Si la justicia hubiera actuado a tiempo y no permitía que Alvarado adquiriese tanto poder esto no hubiera sucedido”, agregó la legisladora.
“Bailaque tiene antecedentes de mirar para otro lado. La causa del Narco Scairi, en 2012, cuando le llegó la causa a Bailaque este le devolvió el auto sin que se lo pida. En 2013 fue denunciado ante este Consejo de la Magistratura porque desoía informes de causas de narcotráfico, que no quería desarchivar causas que le iban a servir a los fiscales para investigar el narcotráfico”, subrayó.
En 2014 le llega la causa de “los monos”. Bailaque “devuelve la causa a la justicia provincial. En 2016, una causa de trata. Bailaque libera a las personas sin tomar declaración. En 2020, Lorena Melgarejo una narco muy importante queda libre porque Bailaque se niega a dar una orden de allanamiento”.
En 2024 “el testigo Ivan Jocanovich, un infiltrado de la AFI colaboraba con los monos y le avisó a Raffo un policía prófugo que lo iban a encontrar. Bailaque le dió la libertad al testigo sin investigar prácticamente. La decisión fue revocada por la Cámara de apelaciones”.
“El vínculo de Bailaque con el contador de Alvarado que es el mismo que firmó los balances de Santino. Se supo que son amigos íntimos, que fueron juntos a la escuela, hay fotos de ambos compartiendo eventos y cenas. Bailaque hizo entrar a la justicia federal sin concurso al hijo del contador. Nunca habló del lavado de dinero de Alvarado y nunca se excusó de esa causa”, agregó.
Cattalini respondió preguntas de la presidencia de la Comisión de Acusación a cargo del abogado Miguel Piedecasas quién le consultó puntualmente sobre qué medidas de investigación denegadas se refería a lo que la diputada provincial contesto: “Lencina presentó 14 informes de investigación donde constaban detalles de la UIF y patrimoniales que después fueron usados por la justicia para condenar. Ahí se pedían intervenciones de 3 teléfonos”.
Luego se le preguntó por el vínculo entre Bailaque y su contador Mizzau a lo que Cattalini contestó: “Es público, en la denuncia penal que adjunté constan el balance de la empresa firmado por el Contador, hay fotos donde se ve al Juez y al Contador yéndose de viaje, cenas, eventos sociales. Hay una resolución donde consta el ingreso del hijo del Contador a la Justicia Federal, y consta un ascenso”.
Finalmente la diputada respondió preguntas a cargo de la defensa de Bailaque. Luego de su exposición fue el turno de declarar en la audiencia para José Maria Valdez, ex comandante de Gendarmería de Santa Fe que actualmente se desempeña en el Ministerio de Seguridad de dicha Provincia.
Fuente: Con información de Clarín
