Un proyecto de comunicación presentado en el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información detallada sobre la calidad del agua potable que se distribuye en el distrito, particularmente en relación con la presencia de arsénico y los mecanismos de control y tratamiento implementados por el servicio de provisión.
La iniciativa pone el foco en el cumplimiento del Artículo 982 del Código Alimentario Argentino, que establece un límite máximo de 0,01 miligramos por litro (10 microgramos por litro) de arsénico en agua destinada al consumo humano. Este parámetro se fundamenta en la prevención de la toxicidad crónica acumulativa que puede generar la exposición prolongada a este elemento.
El proyecto también hace referencia a fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en las causas “Caselles” y “Kersich”, ratificadas en julio de 2025, donde se determinó que el estándar de 0,01 mg/L constituye el único límite legalmente exigible para garantizar la protección del derecho constitucional a la salud. Según esa jurisprudencia, las prórrogas administrativas no pueden oponerse cuando existe riesgo de daño irreversible para la población.
Entre los fundamentos técnicos, el documento menciona estudios científicos que analizan los efectos del arsénico en el organismo humano. En ese sentido, explica que el arsénico —en particular el arseniato— posee una estructura química similar a la del fosfato, lo que le permite interferir en procesos metabólicos fundamentales de las células. Esta característica puede alterar la producción de energía celular al intervenir en la síntesis de adenosín trifosfato (ATP), generando disfunciones metabólicas y un aumento del estrés oxidativo.
Asimismo, el proyecto cita un meta-análisis del Centro Cochrane Argentino y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) publicado en 2025, que vincula la exposición crónica a concentraciones de arsénico entre 10 y 50 microgramos por litro con un incremento en la incidencia de infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares y daño endotelial persistente.
Otro de los puntos señalados en la iniciativa es que el partido de San Nicolás se encuentra dentro de una zona identificada con Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una problemática sanitaria presente en distintas regiones del país donde el arsénico aparece de forma natural en las napas subterráneas.
En ese contexto, el proyecto plantea la necesidad de que el Concejo Deliberante acceda a información técnica precisa sobre la gestión del servicio de agua para determinar si existen riesgos para la salud pública.
Concretamente, se solicita al Departamento Ejecutivo que, en un plazo de 30 días, remita informes sobre cuatro aspectos principales. El primero es el monitoreo de la red de agua, incluyendo los protocolos de análisis fisicoquímicos realizados durante el último semestre en pozos de extracción y distintos puntos del sistema de distribución.
También se pide información sobre las tecnologías de tratamiento previstas, particularmente el cronograma de inversión para implementar plantas de ósmosis inversa o sistemas de adsorción por alúmina activada en las zonas donde se detecten niveles superiores al límite establecido.
El tercer punto solicita un informe sobre la eficiencia y el estado de mantenimiento de las plantas de tratamiento actualmente operativas, incluyendo el porcentaje de remoción de arsénico que logran estos sistemas.
Finalmente, el proyecto requiere detalles sobre los protocolos de gestión de residuos derivados del proceso de tratamiento, especialmente la disposición final de lodos arsenicales y efluentes de rechazo, con el objetivo de prevenir impactos ambientales.
Además del pedido de informes, la iniciativa recomienda al Ejecutivo municipal avanzar en la creación de un Registro Público Digital de Calidad de Agua. La propuesta contempla una actualización diaria de los análisis básicos y una actualización mensual de los estudios bacteriológicos y fisicoquímicos, con acceso libre para la comunidad y publicación georreferenciada de los resultados de potabilidad.
De esta manera, el proyecto busca fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar el acceso público a la información sobre un recurso esencial para la salud de la población.
