La Justicia bonaerense ordenó la captura internacional de Deliang Chong (30) y Pang Siew Li (35), dos ciudadanos malayos señalados como responsables de la estafa cripto que afectó a cientos de inversores de San Pedro mediante la plataforma RainbowEx. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, después de constatar que los acusados habían abandonado la Argentina.
El análisis técnico reveló que la infraestructura operativa del fraude estaba alojada en servidores de Alibaba Cloud configurados para Singapur, con correos vinculados a proveedores radicados en China y accesos desde direcciones IP de Hong Kong y Laos. Ese entramado confirmó la dimensión transnacional del esquema y su nivel de profesionalización.
El expediente también identificó cuentas de correo creadas exclusivamente para gestionar accesos a billeteras digitales. Una de ellas, xiaoli319998@gmail.com, fue generada el 18 de junio de 2024 y utilizada desde IP de Hong Kong y Laos, lo que reforzó la hipótesis de una estructura operativa distribuida en varios países.
La causa estableció que Chong y Pang ingresaron al país en 2024 y participaron en un evento de promoción realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires. Días después, partieron hacia Turquía y no registraron reingreso. En San Pedro ya fueron detenidos colaboradores locales que actuaban en la captación de nuevos aportantes.
Los investigadores confirmaron además que los actores polacos Filip Walcerz y Maurycy Beniamin Lyczko, contratados para reforzar la credibilidad de la plataforma, se presentaron ante el público con identidades falsas: “Jeremy Jones” y “Timothy Murphy”. El montaje, financiado desde cuentas malayas y pagos en efectivo, buscaba dar apariencia empresarial a un proyecto que en realidad funcionaba como un esquema de captación fraudulenta.
La investigación, a cargo de las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, logró un resultado inédito en la Justicia argentina: el congelamiento de 3,5 millones de dólares en criptomonedas, tras reconstruir la trazabilidad del dinero digital desviado por la organización.
Según la causa, los malayos operaban un sistema que simulaba transacciones reales de compra y venta de criptoactivos. La captación se apoyaba en la figura conocida como “La China Ali”, quien enviaba instrucciones diarias a los usuarios para indicarles cuándo invertir con la promesa de obtener ganancias fáciles y sin esfuerzo. Los fondos nunca eran reintegrados y se transferían a cuentas manejadas por la red delictiva.
La dimensión internacional del caso volvió a quedar en evidencia cuando, tras el congelamiento de los activos digitales, la Procuración General bonaerense recibió consultas de la abogada china Jun Sun, integrante del estudio Shanghai Landing Law Firm, especializado en litigios vinculados a criptoactivos. El interés por desbloquear los fondos reforzó la existencia de vínculos y apoyos externos.
Con las alertas de Interpol activadas, la Justicia bonaerense avanzará con el proceso de localización y extradición para intentar acceder a los criptoactivos bloqueados, cuyo recupero depende de quienes poseen las claves privadas de las billeteras digitales. Para los investigadores, RainbowEx no fue un caso aislado: integra una estructura multinacional que utiliza servidores en Asia, contactos legales en China e intermediarios locales en Argentina para captar inversores latinoamericanos mediante plataformas digitales de apariencia profesional.
